ECUADOR.- Un nuevo motín ocurrido en la cárcel de Guayaquil, la más grande de Ecuador, se saldó con 68 muertos y 25 heridos, según datos de la Fiscalía del país.
En la madrugada de este sábado se registró un intenso tiroteo en la Penitenciaria del Litoral, en la ciudad portuaria de Guayaquil, escenario en otras ocasiones de varias masacres.
Durante el motín, se oyeron ráfagas constantes de armas y disparos provenientes del recinto, mientras en las redes sociales circulaban vídeos de varios reclusos que alarmaban de lo que sucedía en el interior.
Los ataques tuvieron como escenario el pabellón 2, donde los peritos de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased) realizan labores de inspección.
Según el comunicado policial, los agentes encontraron un fusil y una decena de tacos de dinamita. Además, unos 20 casquillos de proyectiles se habrían encontrado solo alrededor de un cuerpo que se podía observar desde la vía.
La Fiscalía ecuatoriana ha iniciado una investigación de “los hechos violentos y asesinatos”.
El sistema penitenciario del país sudamericano se encuentra bajo estado de excepción desde el pasado 29 de septiembre, tras la peor masacre ocurrida en el mismo penal del Litoral, que terminó con más de 100 reclusos fallecidos en el marco de un enfrentamiento entre bandas que buscaban dominar uno de los pabellones de la cárcel.
El gobernador de la provincia, Pablo Arosemena, calificó en rueda de prensa de “salvajismo” lo ocurrido en la madrugada de este sábado y responsabilizó en varias ocasiones a la Corte Constitucional por impedir que Fuerzas Armadas accedieran a los centros penitenciarios.
Por su parte, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, anunció en su cuenta de Twitter que reunirá “un Comité de Seguridad en el ECU 911 [servicio integrado de seguridad] de Samborondón, motivado por los últimos incidentes en las cárceles”. Asimismo, anticipó que habrá un “anuncio importante”.
Posteriormente, el mandatario señaló en su cuenta de Twitter que “el primer derecho” que las autoridades del país deben garantizar es “a la vida y la libertad ciudadana, lo cual no es posible si la fuerza pública no puede actuar para protegerlo”.
Además, lanzó “un llamado de atención” a las instituciones estatales en relación con la crisis penitenciaria que atraviesa el país, subrayando el papel especial de la Corte Constitucional. “Necesitamos herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles y luchar contra las mafias que se lucran del caos”, escribió.
Desde la Fiscalía General del Estado (FGE) también hicieron un llamado a la magistratura. Así, en aplicación del principio de celeridad procesal, instaron a los jueces en el ámbito penal a dar prioridad a las causas que “estén directamente relacionadas con audiencias de juicio, revisión, sustitución o revocatoria de la prisión preventiva”, ya que el 40 % de los reos del país se encontrarían en prisión sin una sentencia, estimaron desde el organismo.
Además, la FGE solicitó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescente Infractores dar impulso a los “procedimientos orientados a beneficios penitenciarios”. En paralelo, pidió a los fiscales priorizar “las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva”.
