ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Subejercicios, gastos sin comprobar y obras mal ejecutadas son algunas de las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación en la Fiscalización (ASF) que realizó a la Administración Portuaria Integral de Altamira durante el 2020.
Como parte de este trabajo se generaron tres promociones de responsabilidad administrativa y dos pliegos de observaciones. La ASF publicó el informe individual 367-DE de la Auditoría de Cumplimiento a Inversiones Físicas, en la que se revisó la inversión de 126.13 millones de pesos en los proyectos “Subestaciones Eléctricas y Líneas de Transmisión”, y “Adecuación de Pavimentos en Patios EX-ITA y P.V.I y Vialidad Mar Rojo, en Altamira, en el Estado de Tamaulipas”.
Uno de los problemas que reportó la ASF fue la mala planeación y ejecución de las obras que derivó en incrementos del costo y en ampliaciones de la fecha de entrega. Por ejemplo el contrato APIALTCP-06/19 otorgado a la empresa Tecnología e Ingeniería Constructiva, S.A. de C.V, pasó de 47.5 millones de pesos a 55.9 millones de pesos y el APIALTCP-07/19, de la empresa Conseer, S.A. de C.V. pasó de 48.5 millones de pesos a 49.2 millones de pesos.
Entre las problemáticas que se detectaron durante la obra y que hicieron que se dispararan los costos, está que previamente a la construcción de los patios y la vialidad, “en la capa de rodamiento se encontró material inestable, arcillas saturadas y material rocoso”.
Las minutas de los proyectos también revelaron que faltó “considerar los perfiles direccionales y planos de niveles terminados de pavimento, lo que ocasionó que se modificara la sección de las losas de concreto de 3.50 x 6.50 m a 3.50 x 4.50 m”.
Tras requerir una explicación de la API Altamira, la Auditoría concluyó que “el proyecto no consideró previamente al inicio de los trabajos la totalidad de los proyectos necesarios para que aquellos se ejecutaran de conformidad con lo programado y, de esta manera, se evitaran retrasos en la ejecución de la obra, así como incrementos en el costo y en la fecha de terminación de los trabajos”.
Por ello, se emitió una promoción de responsabilidad administrativa para que se investigue y en su caso sancione a los servidores públicos que fallaron en la planeación y supervisión de los trabajos.
La ASF también generó un pliego de observaciones por un daño al erario público por 887 mil pesos por otras fallas en obras que presentaron fisuras, porque no cumplieron con las resistencias requeridas.
Detectó diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los ejecutados por 2 millones 809 mil pesos, de los cuales, tras la observación, la API solo pudo acreditar 1 millón 503 mil pesos, por lo cual se presume un daño al erario por más de 1 millón 300 mil pesos.
En total, según el dictamen publicado por la Auditoría Superior de la Federación, la API Altamira, dirigida actualmente por el capitán Óscar Miguel Ochoa Gorena, debe aclarar el destino de 2 millones 189 mil pesos. Otra irregularidad detectada por la ASF es una diferencia total de 33.5 millones de pesos entre los montos de inversión aprobados para ambos proyectos tras una modificación, y lo que finalmente se pagó.
Originalmente se habían aprobado 20 millones de pesos y 124.4 millones de pesos, de los que solo se pagaron 7.6 millones de pesos y 103.2 millones de pesos.
Tras el requerimiento de la justificación hecho por la ASF a la Administración Portuaria, ésta “no justificó con la documentación de soporte la disponibilidad presupuestal del subejercicio para el presupuesto 2021”.
