La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) A. C. consideró que Alejandro Gómez debe renunciar como fiscal general de Justicia de la entidad por concluir que el actor Octavio Ocaña se disparó en la cabeza
TOLUCA, Edomex.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) inició una queja de oficio por las posibles violaciones a las garantías individuales del actor Octavio Pérez Ocaña, quien perdió la vida el 29 de octubre pasado, tras una persecución policiaca.
La dependencia precisó que sus investigaciones se realizarán con independencia de las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en virtud de que en los hechos participaron diversos policías municipales (de Cuautitlán Izcalli).
La queja CODHEM/TLAL/627/2021 se abrió por la presunta violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal y, en su caso, al derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública.
«La Codhem desarrollará las investigaciones correspondientes y dará seguimiento a las realizadas por la instancia en la materia», destacó el organismo.
Por su parte, la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) A. C. consideró que Alejandro Gómez debe renunciar como fiscal general de Justicia de la entidad por concluir, cuando aún no se realizaban las investigaciones, que el actor Octavio Ocaña se disparó en la cabeza, y pidió a la Legislatura local citarlo a comparecer para que desentrañe las anomalías del caso.
También solicitó al Consejo de Seguridad del Estado de México discutir la conducta del funcionario mexiquense y, de ser el caso, solicitar su destitución por las contradicciones entre algunos videos, fotografías y declaraciones sobre el accidente, con las que no se puede descartar que fuese uno de los policías quien le ocasionara la muerte.
PIDH advirtió que las imágenes evidencian que los agentes no aplicaron los protocolos de persecución e investigación de los delitos, el primer respondiente no proporcionó los primeros auxilios al joven, hay posible alteración de la escena de los hechos, pues «los policías no tenían por qué abrir las puertas del copiloto ni la puerta de la parte trasera del lado que conducía el actor».
Mientras el muchacho seguía con vida, prosigue el organismo, no se aprecia ningún arma en su mano derecha, cuando al fin aparece el arma, no se consideró que el joven era surdo, y existe una testimonial presencial de quien se identifica como Fer Cano, quien señala:
«La patrulla que chocó la camioneta de Octavio Ocaña impactó primero mi vehículo…. Cuando hicieron que chocara, todos vimos cuando un policía le disparó al conductor. Yo me detuve para ver quién iba a pagar mi golpe, pero me dijeron con pistola en mano que me fuera a la verga».
Para PIDH, estas contradicciones y la testimonial de Fer Cano destruyen la teoría del caso de la FGJEM.
El organismo comparó la manipulación de la escena del crimen con la ejecución extrajudicial de Tlatlaya ocurrida la madrugada del 30 de junio de 2014, donde una de las sobrevivientes, Clara Gómez, narra la forma en que fue ultimada su hija de 14 años de edad.
La testigo también explica cómo ella y otras dos mujeres sobrevivientes fueron retenidas en las oficinas centrales de la entonces Procuraduría mexiquense, incomunicadas varios días, maltratadas, torturadas y amenazadas incluso con ser abusadas sexualmente para que firmaran las declaraciones con la versión de los militares.
La señora declaro´ que la última vez que vio a su hija estaba viva y desarmada, mientras la FGJEM la presionó para declarar que la niña pertenecía a una presunta organización criminal. Un mes después, ya en libertad, su hijo le mostro´ las fotos del operativo, la niña aparece con un arma en la mano izquierda (era diestra) y tirada boca arriba, posición en la que jamás la vio.
«Estos casos trágicos demuestran la impunidad, los excesos y la corrupción que vivimos los mexiquenses y que es una práctica cotidiana en esta Institución», indicó PIDH, quien consideró que desde su arribo como procurador en mayo de 2014, la gestión de Gómez Sánchez se ha caracterizado por el incremento de los actos de tortura, desapariciones forzadas, y fabricación de carpetas de investigación.
