Ciudad Victoriav.– Uno de los mitos más extendidos por Francisco García Cabeza de Vaca es el de haber recuperado la seguridad en las carreteras del estado. Lo presume como uno de sus logros, junto con la inversión en parques eólicos. Estos “avances” pierden su esplendor cuando se les examina de cerca y se les somete a la prueba de los hechos.
En el tema de la seguridad, García Cabeza de Vaca ha preferido mostrar los resultados de incidencia delictiva que revelan una mejoría, y esto es válido para fines de propaganda. En su quinto informe, destaca que Tamaulipas pasó del lugar número 12 al 16 en homicidios dolosos en escala nacional. Pero del que parece sentirse más orgulloso es de la reducción del secuestro, en el que se pasó del 1º al 16º lugar de 2016 a 2020.
En homicidios dolosos (entiéndase, ejecuciones y asesinatos), aunque hayan bajado a media tabla, han tenido una variación escasa, pues en realidad pasaron de 17 a 16 homicidios por cada 100 mil habitantes. El logro que más ha querido exaltar es el de los secuestros. “Las estrategias para la prevención y la coordinación de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro resultan ser clave para que este delito siga con una tendencia a la baja. En el último año, se registró un decremento del 87% comparado con 2016”. Así lo declara en el Quinto Informe de Gobierno. Las estrategias.
El saldo para García Cabeza de Vaca será positivo siempre que se consulten sus comunicados oficiales o los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y no miente, pero tampoco dice toda la verdad.
La imagen que quiere dejar en la opinión pública es la del panorama general, el de la mirada abierta en el tema de la incidencia delictiva, donde los números absolutos se acomodan mejor al discurso triunfalista. Y todo estaba resultando de esa manera. Hasta que llegó el 13 de junio de 2021.
Ese día, viajaban la señora Gladys Cristina Pérez Sánchez, de 39 años, y sus hijos Juan Carlos González, de 16, y Michelle Cristina Durán, de 9, a bordo de un automóvil Chevrolet Sonic, modelo 2014, color amarillo. Los tres eran originarios de Texas, a donde se dirigían. Iban por la carretera Monterrey-Nuevo Laredo cuando desaparecieron sin dejar rastro.
Sus familiares marcaron sus números telefónicos, pero estaban apagados. Pidieron ayuda a las autoridades de Tamaulipas, y comenzó la búsqueda. Se difundieron fotografías, nombres e información de los tres. Nadie, absolutamente, los había visto. Ni siquiera apareció el automóvil.
Por ser originarios de Estados Unidos, la familia dio parte al FBI y se los declaró desaparecidos. Madre, hijo e hija perdieron el rumbo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Y se abrieron las puertas del infierno. El colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León denunció que en los kilómetros 26 y 100 de esa carretera, en territorio de Nuevo Laredo, se cometían secuestros a automovilistas, operadores de tráileres y viajeros diversos. Y junto a este, familias de varios estados del país, incluido Tamaulipas, reportaron la ausencia de seres queridos que transitaban por esa vía federal y no volvieron a saber de ellos.
La presión obligó a Irving Barrios Mojica, Fiscal General del Estado, a exigir respuestas Edwin Staling Aceves García como titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas en Nuevo Laredo. Si el señor Aceves García rindió algún informe, nunca lo supieron los familiares de las víctimas.
Pero Tamaulipas solo quería ganar tiempo para ocultar el horror que se había engendrado en ese punto y que casi nadie conocía. 957 personas han desaparecido en Nuevo Laredo desde que llegó al gobierno Francisco García Cabeza de Vaca, en 2016. Nadie los ha recuperado. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, los años con mayor número de denuncias son 2017, 2018 y 2019. Tan solo en 2018 desaparecieron 300 en esa carretera. En este año, organizaciones civiles de Nuevo León reclaman la no localización de 75 ciudadanos de aquel estado que viajaban por esta ruta. Pero la cuenta total, incluyendo otros años, es de 164.
Estas denuncias, las personas y organizaciones involucradas, junto con las declaraciones del gobierno de Nuevo León, claramente no encajan con el mensaje de “carreteras seguras” que se atribuye García Cabeza de Vaca como avance de gobierno. Tampoco coinciden con la reducción del secuestro, otro de los indicadores que tanto presume en actos oficiales. Si bien los casos desaparición no se toman como secuestros (privación forzada de la libertad con la finalidad de obtener un pago), están en el giro de delitos de alto impacto y peligrosidad, porque afectan a ciudadanos inocentes y ajenos al mundo de la delincuencia.
Una prueba de que la administración panista evade su responsabilidad en este tipo de delitos es el vergonzoso desenlace acaecido después de la desaparición de la familia de Texas el 13 de junio de 2021: Edwin Staling Aceves García acaba de renunciar como Fiscal Especializado en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas en Nuevo Laredo.
El legado de Francisco García Cabeza de Vaca como gobernador no solamente comprende más impuestos, bajo crecimiento económico y opacidad: también empeoró la seguridad en la carretera a Nuevo Laredo y la desaparición de personas.
Seguiremos adelante con la revisión de sus cuentas.
