Denuncian a funcionarios por la entrega irregular de recursos a entrenadores y deportistas
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que preside Ana Gabriela Guevara, “está bajo la lupa” de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por investigaciones a funcionarios acusados de enriquecimiento ilícito y desvíos de recursos que suman 86.5 millones de pesos; además, investiga irregularidades en las secretarías del Trabajo y Bienestar.
En comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados con motivo de la Glosa del Tercer Informe presidencial, el titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, reveló que investigan en la Conade la entrega indebida de apoyos económicos a entrenadores, deportistas y otros, por más de 77 millones de pesos.
“Tenemos otras investigaciones por 9.5 millones de recursos asignados sin las comprobaciones correspondientes. Hay en estudio 71 contratos de prestadores de servicios de los que existen dudas sobre ellos y tenemos abiertas auditorías. Estamos con la lupa en la Conade, tenga usted la certeza”, dijo.
En respuesta al cuestionamiento de la diputada del PRD, Elizabeth Pérez, explicó que ya presentaron denuncias ante la Fiscalía, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ante el Órgano Interno de Control en la Conade.
“Tenemos una denuncia penal en la Fiscalía Especializada de varios funcionarios de la Conade por enriquecimiento ilícito. Tenemos carpetas integrando varios ilícitos y, por el sigilo procesal no le puedo decir, pero puede estar segura de que estamos actuando”, aseguró.
En la comparecencia, diputados de oposición, incluso de Morena, pusieron en duda los avances de la lucha contra la corrupción.
El diputado de MC, Rodrigo Herminio Samperio, cuestionó la actuación de la dependencia frente a irregularidades de dominio público en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que opera la Secretaría del Trabajo y que es de los prioritarios en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Salcedo Aquino contestó que existen 102 carpetas de investigación abiertas por presuntas irregularidades en las reglas de operación del programa, desde duplicidad de beneficiarios, fallecidos, hasta empresas fantasma.
Por otra parte, la diputada morenista Inés Parra acusó que en la Secretaría del Bienestar, bajo la extitular María Luisa Albores y ahora de Javier May, “continúan con las viejas mañas del condicionamiento en la entrega de los programas sociales”; dijo.
“La SFP debe ser la instancia de caza corruptos o el combate a la corrupción será mera simulación”, dijo.
En respuesta, Salcedo reveló que tienen abiertas 75 denuncias en contra de funcionarios de la secretaría por acusaciones de mal uso de programas sociales, conflicto de intereses, nepotismo y desvío de recursos.
El secretario resaltó que para avanzar en el combate a la corrupción e impunidad, la SFP reforzó y echó a andar un sistema integral para tener “huella” de todas las compras, adquisiciones y obras públicas en el gobierno federal, sectores en el que se identifica el 80 por ciento de los actos de corrupción.
Explicó que estructuraron una Unidad Administrativa Especializada en estos rubros y además fortalecieron la Bitácora Electrónica de Seguimiento de la Obra Pública.
