Por: Mauricio Fernández Díaz
El poder que exigirá cuentas a Cabeza de Vaca
Ciudad Victoria.- Con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) presidida por Morena, al grupo parlamentario del PAN y los defensores del gobernador todavía le esperan muchos dolores de cabeza en la 65 Legislatura. La fuga de dos diputadas morenistas al bando de Acción Nacional es apenas un acierto que no modifica el bastón de mando que hoy tiene el movimiento lopezobradorista.
Así, la agenda legislativa, el reparto de recursos económicos a las bancadas, la representación del Congreso ante los demás poderes, entre otras atribuciones, descansan en Armando Zertuche, presidente de la Jucopo y líder de los diputados morenistas. A pesar de la maniobra espectacular del PAN de captar a las legisladoras izquierdistas, Francisco García Cabeza de Vaca tiene ahora un Congreso de oposición dispuesto a exigirle cuentas y a alzarle la voz, una experiencia casi desconocida para él.
Será como pasar del día a la noche: el anterior Congreso Local, presidido por el panista Gerardo Peña Flores, aprobaba todas las iniciativas, propuestas y reformas al Gobernador sin la mínima resistencia. Más que Poder Legislativo parecía una extensión de las secretarías estatales, oficinas extras al servicio del mandatario. Por esa complacencia se aprobó a dos hombres cercanos a él como Fiscal Anticorrupción cuando deberían ser independientes de ejercer sus investigaciones a todos los funcionarios, incluido García Cabeza de Vaca. Se trata de Javier Castro Ormaechea, quien se retiró el 25 de julio, y Raúl Ramírez Castañeda, elegido el 7 de septiembre. Ninguno ha hallado nada raro ni irregular en el gobernador.
Esa obediencia de músicos de orquesta ha desaparecido con la 65 Legislatura, y por eso García Cabeza de Vaca abriga ciertos temores de lo que vendrá. El fantasma que pasa por primera vez ante sus ojos se llama rendición de cuentas. Podrá decir que siempre las ha presentado, y que todos sus gastos están justificados. Pero debemos recordar que el anterior Congreso actuaba más como cómplice que como verdadero poder. Uno de los temas principales analizados en la Asamblea es el presupuesto de egresos, y ahí se abrirá la oportunidad a los diputados de oposición de confrontar los números y las cantidades gastadas en cinco años. No habrá fuerza que impida a Armando Zertuche, como presidente de la Junta, llamar a comparecer a secretarios estatales, enviarles exhortos y, sobre todo, posicionar el manejo de las finanzas como tema de discusión pública en el estado. Aunque el fiscal decidiera no proceder, la exhibición de los errores atribuidos al gobierno estatal repercutirá en la imagen del Partido Acción Nacional cuando falta menos de un año para la gran elección de 2022.
De hecho, se acerca el mes de diciembre, periodo en el que se recibe la propuesta del Presupuesto de Egresos del año siguiente. Será el momento propicio para la Junta de Coordinación Política, presidida por la oposición, de someter a radiografía las cifras solicitadas por García Cabeza de Vaca, de cuestionar el beneficio de esas inversiones, de pedir una evidencia de las obras realizadas en años pasados. En suma, tendrán la oportunidad de discutir, como verdadera Asamblea del Pueblo, lo que le conviene a los tamaulipecos, no lo que conviene al gobernador o al Partido Acción Nacional. Este es el temor, inédito, que despierta por las noches al ex senador, ex diputado local y ex alcalde de Reynosa.
Si la rendición de cuentas fuera un hábito del gobernador, muchos tamaulipecos podrían responder la siguiente pregunta: ¿sabe usted en qué se han gastado los 63 mil 580 millones 292 mil 973 pesos de este año? Es una cifra inmanejable para la mayoría, y nadie podría darle seguimiento exacto a tanto dinero. Precisamente, para eso se creó la Asamblea de ciudadanos, el Congreso del Estado, para analizar, exigir y proteger el patrimonio público.
Una legislatura opositora, como la de hoy, quizás delibere con el Ejecutivo o sus representantes a qué se debe que se asignen 174.9 millones de pesos a “Oficinas del Gobernador”, mientras que para atención a víctimas del delito se etiquetan, en promedio, 24 millones de pesos.
Una legislatura opositora, desde tribuna, puede cuestionar cómo se destinan 70.4 millones de pesos a “Comunicación Social” y cuáles son las empresas receptoras de esos recursos.
Una legislatura opositora debe solicitar un informe puntual de los 6,204 millones ejercidos en “Servicios de Salud en Tamaulipas”, cuando varios hospitales en el estado funcionan sin aire acondicionado, material médico ni áreas suficientemente iluminadas.
Una legislatura opositora tiene trabajo de sobra para investigar por qué varios centros culturales, como el de Victoria y los de la frontera, dejaron de pagar el consumo de electricidad, incluso antes de la pandemia, o por qué el SAT les clausuró a algunos el servicio de cobro del estacionamiento, o por qué sus interiores y sus mismos espectáculos se han ido degradando cuando el ITCA gasta 147.9 millones de pesos al año.
El recuento rápido y al ras que acabamos de mostrar es una pequeña probada de los gastos insólitos y poco claros del Gobierno del Estado, gastos que nunca fueron discutidos, revisados ni sometidos a escrutinio. Se deben exhibir los detalles, los depósitos, las fechas y los beneficiarios. Ahora, finalmente, se fiscalizará a la administración estatal después de cinco años de revisiones simuladas o sumisión legislativa.
Si el gobernador se molestara u ofendiera por estos cuestionamientos, más le valdría reconocer que no hay nada personal de parte de los diputados morenistas: es el resultado de la elección de 2021; es el deseo de los tamaulipecos reflejado en la votación.
