Ficha elaborada por la FGE de Tamaulipas en la que ofrece una recompensa a quien proporcione información que conduzca a la captura de dos policías estatales más, involucrados en los hechos, que se encuentran prófugos. Foto ‘La JornadaAuto-Lectura
*Nuevo Laredo, Tamps*. A dos años de la masacre de ocho personas en el fraccionamiento Valles de Anáhuac, de este municipio, abogados de dos policías estatales detenidos que enfrentan cargos de homicidio calificado ofrecieron a familiares de víctimas la cantidad de 123 mil pesos como “indemnización”, en un intento por evitar un juicio que los condenaría a 50 años de prisión.
Lo anterior fue dado a conocer durante una reunión virtual realizada en septiembre entre funcionarios del gobierno de Tamaulipas con familiares de las víctimas —Severiano Treviño Hernández, Luis Fernando Hernández Viesca, Jennifer Hazel Romero López, Cindy Esmeralda Briseño Chapa, Juan Yetzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Martínez, Enrique Pérez Chávez y Wilbert Irrastreto Pérez—, propuesta que fue rechazada de manera unánime por considerarla un insulto para la memoria de las personas ejecutadas extrajudicialmente.
De las “investigaciones” por estos hechos realizadas por el fiscal especial Adelfo Gabriel González Pérez, con fecha del 5 de noviembre del 2019, se solicitó al Juez de Control del Primer Distrito Judicial de la Primera Región, Aldo René Rocha Sánchez, siete órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada dentro de la Carpeta Procesal 232/2019.
En un intento por favorecer a los policías estatales y de Inteligencia imputados, el fiscal especial Adelfo Gabriel omitió otros delitos graves como tortura y desaparición forzada; siendo detenidos 10 días después solamente dos agentes del Centro de Análisis, Estudios e Información de Tamaulipas (CAIET): José Rafael González Villalpando y Ricardo Guadalupe Mendoza Aguirre, e internados en una cárcel del municipio de Tula una vez que se calificó de legal su detención.
Además del ofrecimiento de indemnización, los abogados de José Rafael González Villalpando y Ricardo Guadalupe Mendoza Aguirre también propusieron irse a procedimiento abreviado y eventualmente declararse culpables de los delitos que les imputa la fiscalía, pero nuevamente familiares de las víctimas rechazaron su “oferta”.
“Queremos justicia, queremos que los policías estatales paguen con cárcel lo que les hicieron a nuestros familiares”, dijo la mamá de una de las víctimas durante la reunión informativa.
Las familias de las víctimas demandaron además que se solicite la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) para localizar a otros dos policías prófugos, Edith Esteban Cruz y Francisco Hernández Carbajal, por quienes se ofrece una recompensa de 200 mil pesos a quien proporcione información de su paradero.
Finalmente, las familias exigieron al fiscal especial Adelfo Gabriel González Pérez que transparente el acuerdo que realizó con otros tres policías beneficiados, Zayra Concepción Guevara Garza, Juan Carlos Vicencio Zuvirie y Azariel Urbina Arguentes, con el criterio de oportunidad para evitar la pena máxima por los delitos imputados, pues actualmente se encuentran libres y protegidos por la propia Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
“En las próximas semanas regresamos al Senado de la República para pedirles que nos ayuden a que la Fiscalía General de la República (FGR) abra una investigación en contra del Director de Operaciones Especiales de Tamaulipas, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez, por ser el autor intelectual de las ocho ejecuciones extrajudiciales en Valles de Anáhuac”, declaró uno de los abogados que acompañan a familiares de las víctimas.
