Por Blanca Vazquez
El arribo masivo a México de población de origen haitiano durante los meses pasados activó las alertas de autoridades locales en la región noreste luego de que los medios de comunicación transmitieran las imágenes de su concentración en la frontera de Coahuila; su trayectoria fue documentada por la prensa durante su recorrido de Tapachula a ciudades de Veracruz, de ahí a Tampico, luego a Monterrey rumbo a Ciudad Acuña, y algunos pocos hacia Reynosa.
La reacción y opiniones emitidas por funcionarios, alcaldes, secretarios y hasta del gobernador de Tamaulipas, refleja desconocimiento de las adhesiones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos de las personas en movilidad y solicitantes de refugio.
La estrategia del gobierno de Coahuila, con las Secretarías de Seguridad y de Gobierno al frente, de cerrar el paso en carreteras federales a toda persona de origen haitiano que buscase llegar a su frontera norte luego del fin de semana del 17-19 de septiembre, es un ejemplo de ello; pero también lo son la criminalización que sufrieron ciudadanos comunes y corrientes que en un acto de humanidad dieron su apoyo para acercar a las personas migrantes a su destino en Reynosa (https://www.milenio.com/policia/familia-es-detenida-en-reynosa-por-dar-raite-a-haitianos), o la devolución de autobuses con presuntos migrantes mexicanos que buscaban ir a Estados Unidos a través de la frontera de a Nuevo Laredo y que coincidió con autobuses que transportaban haitianos (https://www.youtube.com/watch?v=rqOaW8u4EeY), o las declaraciones del gobernador García Cabeza de Vaca refiriendo que el paso de los migrantes haitianos por la entidad era un problema de seguridad nacional (https://www.elsoldetampico.com.mx/local/migrante-haitianos-gobernador-de-tamaulipas-pide-un-alto-al-inmd-en-la-caravana-7226587.html); entre otros.
Aunque se informó que las deportaciones de México a Puerto Príncipe fueron repatriaciones voluntarias, el hecho de que comenzaran casi de manera inmediata luego de que la autoridad migratoria (Inami), en conjunto con la Guardia Nacional, hiciera redadas para retener en carreteras, central de autobuses y hasta hoteles a personas de origen haitiano, da indicios de que se violentó el principio de debido proceso. La ley migratoria mexicana habla de “presentación” de todo extranjero que no acredite su situación migratoria para ser “alojado” en tanto se desahoga su proceso administrativo migratorio de retorno asistido o de deportación. Sin embargo, las declaraciones de personas retornadas a Haití cuentan otra historia.
Al igual que ha ocurrido en Estados Unidos con los migrantes de origen mexicano, en esta ocasión la estrategia de los distintos niveles de gobierno y autoridades de México fue gestionar el problema de manera rápida a través de operativos que impidieran la libertad de movimiento de los haitianos, la garantía de presunción de libertad como ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La prensa documentó cómo las personas quedaron varadas en Monclova, Saltillo, Reynosa o Tampico durante el trayecto, y en un punto les fue imposible continuar hacia el norte o retornar al sur. Muchas de las narrativas indican que para quienes buscaron regularizar su situación en el país, a través de una solicitud de refugio, les fue imposible acceder a una cita en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en ciudades del sur. Y se sabe, por otra parte, que las delegaciones del organismo en Tapachula, Chiapas; Tenosique, Tabasco; y Acayucan, Veracruz, no pueden atender la demanda de solicitudes; con el paso de los días lo mismo ocurrió en la delegación de Monterrey, Nuevo León; la única oficina en la región noreste.
Garantizar el respeto a los derechos humanos y el derecho al refugio de las personas en contexto de movilidad debe ser principio básico de toda actuación gubernamental, ya se trate de autoridades locales, regionales o nacionales.
