Por: Mauricio Fernández Díaz
El infame legado de Cabeza de Vaca en Tamaulipas (II parte)
Ciudad Victoria.- Desde sus inicios, el gobierno de García Cabeza fue uno en las palabras y otro en los hechos. Decía defender los derechos humanos en el Plan Estatal de Desarrollo pero intentó castigar la libertad de expresión en la Ley Anti redes sociales, que lo forzaron a suspender. También ha sido un crítico implacable del Gobierno Federal por su falta de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, por frenar la reactivación. Si nos atuviéramos a sus dichos, no podríamos creer lo que hizo a continuación.
Muy pronto olvidó sus promesas de incentivar la economía estatal y se propuso recaudar más impuestos. Como estas acciones provocan siempre repulsa, quiso darle antes ‘la zanahoria’ a la sociedad para ganarse su aprobación y ocultar mejor la trampa.
En diciembre de 2016, Francisco García Cabeza de Vaca envió un Acuerdo Gubernamental para cancelar el pago de la tenencia a vehículos anteriores a 2011. Los que estuvieran sujetos al impuesto -del 2012 al 2016-, obtendrían un 20 por ciento de subsidio. En caso de haber multas y recargos, estos se condonarían al cien por ciento.
La versión oficial interpretó el anuncio como “el fin del impuesto vehicular” en Tamaulipas, aunque en estricto sentido solo depuró el padrón de sujetos obligados. Como sea, representó un beneficio para propietarios de automóviles, y le granjeó reconocimiento al nuevo gobernador.
Pero su plan verdadero no era bajar la recaudación sino amentarla, y lo hizo por otra vía: la Ley de Ingresos de 2017. En ese proyecto, García Cabeza de Vaca propuso una aumentó de 50 por ciento al Impuesto sobre Nómina de las empresas, que pasaría de 2 a 3 por ciento. También, pidió reactivar el Impuesto al Hospedaje, que fue suspendido con tasa cero cuatro años, para aplicarse de nuevo el 2 por ciento sobre la facturación hotelera. “Es una ofensa”, dijo en su momento la Federación de Cámaras de Comercio. Distintos organismos pidieron prudencia y sensibilidad al nuevo gobernador, ya que los negocios todavía enfrentaban una desaceleración. Pero el reynosense, que al gobierno federal le ha exigido diálogo y tolerancia, fue inflexible en su determinación e impuso sus incrementos.
El pronóstico de la Federación de Cámaras de Comercio era que estos gravámenes empujarían a las empresas a despedir hasta el 10 por ciento del personal. Por su parte, el gobierno de García Cabeza de Vaca comunicó a los empresarios que el excedente del Impuesto sobre Nómina se emplearía en seguridad pública, tema que repercutiría positivamente en el ambiente de negocios.
Del impuesto al hospedaje ahora reutilizado, la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas aceptó que generaría recursos frescos para las campañas turísticas, pero que no podía ser usado como única fuente de financiamiento para apoyar al sector, ya que se necesitaría siempre la inversión del estado.
A regañadientes, con sonrisas forzadas, la iniciativa privada acató los incrementos.
El gobierno estatal, en cambio, estaba feliz a los pocos meses de implementar esta tributación. De enero a agosto de 2017, el punto porcentual agregado al impuesto sobre nómina arrojó un excedente de 400 millones de pesos. Para el cierre del año, la cifra alcanzaría los 900 millones de pesos, pero el total de recaudación, el 3 por ciento, llegaría a 2 mil 200 millones de pesos.
En ocho meses, el impuesto al hospedaje recaudó 11 millones de pesos, y la administración de García Cabeza de Vaca fijó la meta en 20 millones al cierre de ese año.
Hasta que reventaron las costuras del traje fiscal mal hecho por el gobernador y sus asesores. En marzo de 2017, varias empresas comenzaron a promover juicios de amparo en contra del decreto No. LXIII-92 de García Cabeza de Vaca, publicado el 21 de diciembre de 2016. Una de estas fue Carplastic S.A. de C.V, la cual señaló que la Ley de Hacienda no indicaba los fines extra fiscales del incremento, y que violaba el principio de justicia fiscal.
Finalmente, en noviembre, el Juzgado Octavo de Distrito resolvió a favor del demandante en el juicio 220/2017. Aseguró que el Gobierno del Estado había motivado el incremento mediante conceptos imprecisos y difíciles de identificar, tales como “estructura fiscal del Gobierno del Estado de Tamaulipas”, “obras de infraestructura”, “acciones de impacto social”, “seguridad ciudadana” y “bienestar social”.
Pero la finalidad que la administración cabecista dio a los empresarios fue que la tasa de 3 por ciento del impuesto sobre nómina reforzaría la inversión en seguridad y combate a la delincuencia. Y tampoco se vieron esos resultados un año después.
En una reunión del sector privado, ocurrida en mayo de 2018, Juan Carlos Alanís, entonces presidente de la Canaco en Victoria, advertía que las autoridades estatales solo contaban con un identificador de voz para prevenir la extorsión, y que se requería mayor inversión en cámaras, sistemas de reconocimiento facial y de teléfonos móviles. Opinión parecida tuvo Mario Flores Pedraza, presidente de la Coparmex, quien comentó que faltaban indicadores e información sobre el uso de la nueva recaudación.
En resumen, opacidad en el manejo de recursos, ausencia de diálogo, apetito por impuestos, pago de derechos y sanciones, así trataba Francisco García Cabeza de Vaca a los tamaulipecos en sus primeros años de gobierno. Y todavía se queja del centralismo y de acciones autoritarias de parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Hay alguien todavía interesado en elegir a gobiernos panistas?
