Después del proceso de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, de la actuación del Congreso local, de la presentación de la controversia constitucional, del desechamiento de ésta por un ministro de la Suprema Corte, de la impugnación de la Fiscalía General de la República, y por último, del otorgamiento de la orden de aprehensión, pasamos a un nuevo capítulo, la solicitud para desaparecer los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Tamaulipas.
Pero ¿ésto es posible? La respuesta es no, y los que vayan a proponerlo ya deberían de saberlo, por lo siguiente.
Actualmente está en funcionamiento la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cuya actuación se activa cuando las Cámaras de Diputados y de Senadores se encuentra en periodo de receso, el primero de ellos es del 16 de diciembre al 31 de enero, y el segundo ocurre del 1 de mayo al 31 de agosto. Esta Comisión Permanente se integra por 37 legisladores, de los cuales 18 son diputados y 17 son senadores.
Ahora, para que se pueda analizar la desaparición de poderes, en primer lugar, la Comisión Permanente tiene que convocar a un periodo extraordinario para que el Senado pueda ejercer esa facultad exclusiva prevista en la fracción V, del artículo 76 constitucional, sin embargo, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados (PT, PVEM y PES) no cuentan con los votos para llevar esto a cabo, es decir, tienen 24 de los 37 votos, y se necesitan 25 ¿por qué? porque la Constitución exige que el acuerdo para convocar a sesiones extraordinarias deberá ser aprobado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Comisión Permanente, de aquí surgen los 25.
Ahora, el bloque de contención en el Senado conformado por los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, cuentan con 13 votos, y ya confirmaron que de ninguna manera van a ceder un solo voto para realizar un periodo extraordinario que permita analizar la desaparición de poderes en Tamaulipas, que de aprobarse, tendría como principal efecto designar un gobernador provisional propuesto por el presidente de la República.
Lo anterior corresponde a la parte política, pero ahora, por cuanto hace a la parte jurídica podemos señalar que la Constitución federal no prevé dentro de las facultades exclusivas del Senado de la República la desaparición de los poderes de las entidades federativas ni para destituir a gobernadores. Más bien, lo que prevé la Constitución es la facultad del Senado para declarar que se ha configurado la desaparición de poderes de las entidades federativas, no para desaparecerlos.
Otro elemento que exige la fracción V de la Constitución es que la declaración se realizará “cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa”, esto se fortalece con los debates de la Constitución de 1917 realizados el 15 de enero de dicho año, en donde se concluyó que para que se diera la desaparición de poderes sería necesario que faltaran los tres poderes, situación que no acontece en Tamaulipas.
Además, conforme a la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución, la solicitud la puede presentar cualquier ciudadano de la entidad, diputados o senadores, ante ello, se ha dicho que lo van a presentar integrantes del grupo parlamentario de Morena en el Senado, bajo el supuesto previsto en el artículo 2º de dicha ley reglamentaria que señala que se configura la desaparición de los poderes de un Estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales: Abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor.
Les dejo a su valoración si este supuesto se cumple, yo creo que no; pero para el gobierno federal Tamaulipas no tiene gobernador, y esto trae implicaciones muy delicadas en materia presupuestaria, de políticas públicas, y de relación institucional.
En conclusión, como estos temas siempre traen aparejado el elemento electoral, los debemos de analizar con la mayor objetividad posible, sin embargo, vale la pena señalar que como tamaulipecos quejarnos del uso faccioso de las instituciones federales es una obligación y no implica defender al gobernador, es defender el piso mínimo del Derecho, y por consecuencia exigir el respeto a la Constitución.
Y como esto aquí no va a terminar, nos leemos pronto.
@MarcoEscobedo84
