Por Oscar Díaz Salazar
Una especie de papa caliente, o de fruto envenenado, resultó el «obsequio» que recibió el Ayuntamiento de Tampico, de parte del gobierno del Estado, en la transacción para trasladar el espacio conocido como parque «Laguna del Carpintero», del patrimonio estatal, al patrimonio del municipio de Tampico.
La cesión de derechos que dejó en manos del gobierno municipal porteño cinco predios en los que se han hecho cuantiosas inversiones de recursos públicos para construir el «Parque Urbano Laguna del Carpintero» integrado por el Espacio Cultural Metropolitano, el Recinto Ferial, el Recinto Ganadero de Usos Múltiples, el Centro de Convenciones Expo Tampico y el Jardín de las Artes, es el antecedente del debate que hoy existe en la sociedad tampiqueña, en relación a las previsiones que ha tomado el Ayuntamiento de Tampico para generar las condiciones legales tendientes a una posible concesión de esos espacios.
Detrás de ese «generoso» desprendimiento del gobierno estatal, de esa decisión de obsequiar el complejo inmobiliario de espacios públicos conocido como «Laguna del Carpintero», al pueblo de Tampico, representado por el Ayuntamiento, lo que realmente tenemos es la determinación de las autoridades estatales de desentenderse de una obligación, de quitarse la responsabilidad y el gasto que se requiere para tener en condiciones óptimas un sitio en el que se prestan valiosos servicios a la sociedad tampiqueña, como es el fomento cultural, el impulso a las actividades deportivas, a la recreación y las actividades sociales que ahí se llevan a cabo.
Aceptar el «obsequio» del gobierno estatal, representó para el gobierno municipal la obligación de hacerse cargo de una nómina que ronda el centenar de trabajadores, de absorber los gastos de mantenimiento, que en lo inmediato, y solo para ofrecer un ejemplo, demanda la sustitución de un equipo de aire acondicionado cuyo costo es de treinta millones de pesos.
Aunque parcialmente tienen razón los personajes que alzan la voz para expresar su rechazo a la privatización de esos espacios, y que se oponen a un proceso que ya fue autorizado por el Cabildo de Tampico y por el Congreso del Estado, considero que acusan injustamente a las autoridades locales, que no tienen más culpa que la de buscar soluciones a un «problema» que se deriva de la decisión del gobierno de Tamaulipas de negar un beneficio que ya tenían los tampiqueños.
En algún momento pensé que con la llegada de un gobernador que no es de la capital del Estado, que no era del centro, ni había hecho su carrera política en Ciudad Victoria, se dejaría de pensar y actuar como si el gobierno del Estado fuera solamente de Victoria y para Victoria, pero tal perece que me equivoqué y que se sigue pensando que el gobierno del Estado solo debe tener presencia, – y por lo tanto empleados, edificios, servicios, obras, instalaciones, etc.- en la capital.
Mi oposición, en principio, en términos generales y en abstracto, a la privatización de los espacios públicos, no me impide reconocer que pueden existir situaciones especiales en los que se justifique esa medida, a la que por cierto ya se ha recurrido en el caso de las organizaciones de las Ferias y Exposiciones anuales que ahí mismo se han llevado a cabo, y que también se han efectuado en varios municipios del Estado, en ese esquema de concesión.
Espero que los tampiqueños eleven el nivel del debate y seleccionen bien al blanco de sus críticas. Lo que yo veo a la distancia, es que el gobierno estatal se desentendió de un «derecho» que ya tenían los tampiqueños y aquí me refiero a gozar de las instalaciones de un espacio cultural, de un teatro, de un sitio para celebrar exposiciones y de un parque al aire libre.
Es espacio era y seguirá siendo de los tampiqueños… Pero ahora su mantenimiento y su operación está a cargo del gobierno municipal, y por eso las autoridades locales buscan alternativas para atender ese compromiso.
Y si se tienen sospechas de que se pretende hacer negocio, el posible y futuro beneficiario búsquenlo entre los personajes que pueden dar órdenes a la actual legislatura, pues las concesiones que rebasan los tres años que dura un gobierno municipal, deben contar con la autorización del Congreso del Estado.
