Por:Mauricio Fernández Díaz
El conservadurismo deja a México solo con la crisis
haitianos
Ciudad Victoria.- Ningún tema revela con más claridad la hipocresía de muchas naciones que los derechos humanos. Hace días, ante la presencia de Cuba en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), le exigieron respetar a sus ciudadanos y erradicar la represión. En el fondo, el llamado es razonable o merece discutirse. Ahora, ¿quién sale a defender a los 12 mil haitianos que se agolpan en México, en la frontera con Estados Unidos, expuestos a la intemperie, la delincuencia y los maltratos de la Patrulla Fronteriza? Se trata de matrimonios jóvenes, algunos con hijos, que no amenazan a nadie. Si son humanos como cualquiera, ¿por qué no se respetan sus derechos?
La ‘bomba’ migratoria ha estallado en México sin que el país lo haya provocado o atraído. Son personas que necesitan servicios médicos, alimentación, seguridad y apoyo, particularmente los niños. Muy pocos les prestan atención. El drama ha recaído en el Gobierno Federal, y los enemigos políticos buscan explotarlo como una deficiencia de su administración, al que culpan de reprimirlos en ciertos puntos de su marcha. Se acumulan así desafíos sobre desafíos a la Cuarta Transformación, y hasta los fenómenos naturales como ciclones, chubascos y sismos se quieren presentar como fallas oficiales.
La ola de migrantes haitianos es una combinación de problemas políticos, económicos y sociales en aquel país, el más pobre del continente. Esta realidad bastaría para pedir una respuesta multinacional, principalmente de Estados Unidos en su papel de potencia, para resolverla. De no actuar, podría derivar en una crisis humanitaria, y quizás México resentiría algunas de sus consecuencias.
La cadena de desgracias para Haití comenzó en 2010 con un terremoto 7.0 en la escala de magnitud momento, que causó la muerte de 316 mil personas. En agosto de este año sufrió otro sismo, ahora de magnitud 7.2, con una devastación de dos mil muertos. Pero, un mes antes, entró en caos por el asesinato de su presidente, Jovenel Moise, ocurrida el 7 de julio.
Existen pocas pistas sobre las motivaciones para ejecutar al gobernante haitiano. En definitiva, no fue un acto de locura ni infundado: alguien lo ideó para obtener un beneficio personal. Con las pocas líneas reveladas hasta ahora podría escribirse una novela de suspenso, un thriller a la americana, que fascinaría a miles de lectores. En espera del autor, recogemos algunos datos ya verificados o públicos sobre el caso para cada quien los juzgue. Estamos seguros de que plasman ya un sesgo político en esta operación.
Un día después del magnicidio, las autoridades detuvieron a un comando de 28 sicarios. Al verificar su identidad, se descubrió que 26 eran colombianos, ex miembros del ejército. Los otros dos eran haitianos naturalizados estadounidenses: James Solages y Joseph Vincent. Cabe hacer notar que Colombia es gobernada por Iván Duque, de origen conservador.
Durante el interrogatorio, uno de los detenidos reconoció haber sido contratado en Colombia para trabajar en una empresa de seguridad privada en Haití. El sueldo era de 3000 dólares mensuales (60 mil pesos). En la isla caribeña nadie les informó cuáles serían sus tareas, y solo se limitaron a seguir órdenes. Aparentemente, no sabían a quién era Jovenel Moise cuando lo liquidaron.
Los haitianos, en cambio, apuntan a intereses económicos detrás del asesinato. “El presidente se había opuesto a algunos oligarcas en el país. Creemos que esas cosas no dejan de tener consecuencias”, dijo Claude Joseph, primer ministro.
En esta trama, el gobierno de Colombia no es responsable directo del homicidio, pero influye de modo decisivo en la marcha de migrantes hacia Estados Unidos. Su colaboración con gobiernos de izquierda, como Nicaragua o México, muestra distanciamientos.
Los haitianos comenzaron a salir de su país en 2017. Son jóvenes, muchos de ellos casados, con hijos, y gente preparada; llevan todo su dinero. La ruta principal es de Haití a Brasil, por aire. Desde ahí comienzan un viaje a pie, en autobús o en canoa; van por carreteras, ciudades, pueblos o en medio de la selva. Atraviesan Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. A lo largo del camino pagan cuotas a traficantes para cruzar las fronteras, como en Colombia (300 dólares), Nicaragua (hasta 1000 dólares) y Guatemala (300 dólares) (Con información de Observatorio de Migrantes del Caribe, OBMICA).
Como se ve, ningún país del sur detiene el paso de los haitianos; después de todo, van a México. Aunque México trata de hallar una solución humanitaria, necesita la colaboración de los demás para hacerla eficaz, pero nadie lo sigue. Se percibe también aquí la lucha ideológica entre conservadores y progresistas. Por ejemplo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ni siquiera asistió a la reunión del CELAC. Y en la misma cumbre, países como Uruguay, Colombia y Paraguay, gobernados por la derecha, sacaron a colación su enojo contra Venezuela y enfriaron el ánimo de los participantes, quienes esperaban un gesto de mayor unidad.
Eso es justamente lo que afecta más la crisis de migrantes haitianos: la indiferencia, el chauvinismo y la polarización política entre países con una lengua y una cultura afín. Más vale que reaccionen pronto: solo en un mes, han salido de Haití más de 14,700 personas.
La oportunidad se acaba.
