Gobierno de Matamoros manifiesta desacuerdo a refrendo de decreto emitido por el Estado
Matamoros.- El Presidente Municipal de Matamoros manifestó este miércoles su desacuerdo al refrendo del decreto emitido por Gobierno de Tamaulipas, mediante el cual asume por un año más el mando de la Secretaría de Seguridad Pública.
Lo anterior, en virtud de que precisamente de esta Secretaría, dependen los elementos de Tránsito y vialidad, quienes están causando molestias al pueblo de Matamoros por las multas que están aplicando.
Entrevistado por representantes de medios de comunicación el Alcalde dijo que la Secretaría del Ayuntamiento del Gobierno Municipal analiza la situación legal del caso, esto, con el propósito de presentar nuevamente una controversia constitucional y que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que resuelva al respecto.
Hace un año, el Gobierno de Tamaulipas mediante decreto, asumió el control de la Secretaría de Seguridad Pública, con el argumento de que en Matamoros, los elementos de esa corporaciones presentaron omisión para atender situaciones de fuerza mayor y afectación grave al orden público, sin embargo el Gobierno Municipal de Matamoros manifestó su postura el respecto, señalando que la seguridad pública del municipio está a cargo del Estado.
Lo anterior derivado de la firma del convenio de colaboración denominado Mando Unico; en ese sentido el Presidente Municipal dijo que ese fue el argumento del Estado en el año 2020, sin embargo “ahorita no hay alteración alguna, por eso no le vemos justificación para refrendar por un año más el decreto”.
Sobre esa situación, el Presidente Municipal anunció que continuará dialogando con el Secretario General de Gobierno, porque es el Gobierno de Matamoros el que paga la nómina de Tránsito y Vialidad, así como también sus prestaciones, gastos de operación de las patrullas, e incluso añadió, fue el municipio el que entregó equipamiento a la corporación.
Tras el refrendo por parte del Gobierno del Estado del citado Decreto, el Gobierno de Matamoros cuenta con 30 días para presentar la controversia constitucional, lo que oportunamente se estará informando a través de los medios de comunicación.
