Ciudad de México (SinEmbargo).- Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas presentaron una iniciativa para reformar la constitución local y así evitar que la legislatura que entrara en pocos días, la cual estará conformada en su mayoría por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pueda remover al Fiscal General de Justicia estatal, Irving Barrios Mojica, hasta que se cumpla su periodo de siete años, es decir, en 2027.
Durante una sesión extraordinaria llevada a cabo este lunes y con 23 votos a favor, la iniciativa fue admitida a trámite legislativo y turnado a la Comisión Permanente, donde se analizará y discutirá, informó el periódico Reforma.
La iniciativa busca reformar el artículo 125 párrafos séptimo fracción IV y octavo de la Carta Magna local. En la misma se argumenta que el objetivo está en dotar de certeza y estabilidad a la naciente Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), detalló el diario nacional.
Los diputados blanquiazules propusieron crear un mecanismo de ratificación de la remoción del Fiscal, “a fin de evitar que una decisión política fundamental del Congreso pueda ser desandada unilateralmente por el Poder Ejecutivo o una mayoría simple del Congreso”.
Barrios Mojica fue designado Fiscal de Justicia en diciembre del 2018. En 2016 el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca lo había puesto como Procurador.
En el ámbito laboral Barrios se ha desempeñado como asesor jurídico y ha ocupado diversos cargos tanto en el Poder Judicial de Distrito Federal, así como en el Poder Judicial de la Federación. En la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, fue Auditor Encargado en el Área de Responsabilidades de la Contraloría Interna.
En la Procuraduría General de la República Mojica ocupó diversos cargos en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada; también fue Subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales.
El 9 de septiembre, diputados de Tamaulipas aprobaron en comisiones ofrecer protección al Gobernador estatal, Francisco Cabeza de Vaca, y a otros funcionarios cuando concluyan su gestión por un tiempo igual al que se desempeñaron, lo que podría prorrogarse si amerita el caso.
La reforma a la Constitución local contempla permitir que los exfuncionario cuenten con seguridad, como escoltas y vehículos oficiales con cargo al erario, lo que beneficiaría a Cabeza de Vaca.
La iniciativa fue propuesta por el legisador priista Florentino Sáenz Cobos, presidente de la Comisión de Seguridad, y contempla agregar un segundo párrafo a la fracción 1 del artículo 19 Bis de la Constitución estatal.
“Resulta evidente que el ejercicio de las atribuciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia, conlleva un riesgo para la seguridad personal, la salud, la integridad y la vida de las y los servidores y exservidores públicos involucrados en las acciones de investigación, persecución y combate al delito y que el Estado debe proveerles de los elementos necesarios para la preservación de su seguridad”, se lee en la iniciativa citada por medios.
La iniciativa propone elevar a rango constitucional el otorgamiento de medidas de seguridad y protección a servidores y exservidores públicos cuando, por motivo de las funciones a su cargo, se encuentren en situación de riesgo.
Con ello, estaría garantizada la seguridad del Gobernador estatal y los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia.
Esta no es la primera vez que legisladores locales tratan de proteger al Gobernador Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca, cuyo mandato finaliza en 2022, permanece libre a la fecha a causa de que la mayoría panista del Congreso local no ha homologado el juicio de procedencia en su contra que avaló la Cámara de Diputados —con mayoría de Morena y sus aliados— para ser enjuiciado. Por el contrario, la Legislatura tamaulipeca determinó que no procedía el desafuero contra el mandatario y dio paso a una controversia legal que está a la espera de ser atendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Fiscalía General de la República (FGR) señala al Gobernador de Tamaulipas de incurrir en el delito de defraudación fiscal por 6.5 millones de pesos, también lo investiga por delincuencia organizada y lavado de dinero y en su contra ya hay una orden de aprehensión.
