Amnistía Internacional identifica deficiencias en investigaciones penales de feminicidios en Edomex
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Evaporación de evidencias en casos de desaparición de mujeres y feminicidios, falta de perspectiva de género en las investigaciones, amenazas a los familiares de las víctimas y cargas de trabajo excesivas para los agentes ministeriales encargados de los casos, son algunas de las fallas identificadas por Amnistía Internacional en el informe “Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México”.
Con 403 asesinatos de mujeres en 2020 –150 investigados como feminicidios–, el Estado de México ocupa el primer lugar de muertes violentas contra mujeres en el país, que en ese mismo año registró 3 mil 723 crímenes de mujeres, 940 investigados como feminicidios.
Con cuatro casos emblemáticos, entrevistas con funcionarios y solicitudes de información, Amnistía Internacional confirmó que las falencias en las investigaciones por desaparición de mujeres y feminicidios son prácticamente las mismas detectadas hace más de 20 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que “sugiere que la violencia feminicida y las deficiencias en su investigación y prevención forman parte de una realidad más amplia del país”.
El documento presentado analiza los casos de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015, cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017, y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada en 2018.
El informe es acompañado por la campaña #HastaSerEscuchadas, encaminada a recabar firmas para que las autoridades admitan la existencia de las deficiencias y asuman las recomendaciones formuladas al final del documento.
De la revisión de los casos, Amnistía Internacional advirtió que “las autoridades no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos, no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas y no realizan pruebas o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios”.
Además de esas deficiencias en las actuaciones, el análisis detectó que son las familias y sobre todo las mujeres quienes asumen “el liderazgo de las investigaciones” con sus propios recursos, supliendo las fallas de autoridades, que “no siempre examinan todas las líneas de investigación”.
La organización alertó que “las autoridades amenazan y acosan a las familias para que no llamen la atención a sus superiores”, en tanto que los funcionarios “no siempre aplican la perspectiva de género durante todo el proceso penal, lo que contraviene los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres”.
La investigación demostró que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México “no tienen las condiciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones, debido a la sobrecarga de trabajo y carencia de insumos materiales para realizar algunas tareas”.
Las carencias institucionales han orillado a algunos servidores públicos a solventar con sus propios recursos “parte del material necesario para llevar a cabo las investigaciones, y las oficinas no tienen depósitos adecuados para resguardar las evidencias, favoreciendo su contaminación y destrucción”, evidenciándose también que el personal de la FGJEM “requiere de mayor formación especializada para llevar a cabo investigaciones adecuadas”.
Para la organización, las deficiencias detectadas en las investigaciones constituyen “una violación a los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la integridad, a la protección judicial de las familias de las víctimas y al acceso a la justicia”.
En tal sentido, recomendó a la FGJEM garantizar que la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género “cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas, así como el diseño e implementación de capacitaciones sobre cómo investigar desapariciones y muertes violentas de mujeres desde una perspectiva de género”.
En tanto, urgió al Congreso del Estado de México a garantizar que tanto la FGJEM como la fiscalía especializada “cuenten con los recursos humanos y financieros para cumplir con su labor de manera adecuada”.
De igual manera, sugirió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México investigar “la problemática de las deficiencias en las investigaciones penales de los delitos de violencia contra las mujeres, en especial de los feminicidios y las desapariciones, de tal forma que emita recomendaciones” relacionadas con lo tratado por el informe.
Y también pidió a las autoridades federales que reconozcan públicamente la magnitud del problema de los feminicidios y las desapariciones en México, así como las deficiencias en las investigaciones de los delitos”.
