CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de víctimas de desaparición forzada denunciaron la presencia intimidatoria de personal naval en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a tres semanas de que representantes de las secretarías de Gobernación (Segob) y Marina (Semar) encabezaron una disculpa pública en la ciudad fronteriza, en respuesta a la recomendación por la desaparición de al menos 30 personas en los primeros cinco meses de 2018.
Los familiares notificaron la llegada de un grupo de marinos a Nuevo Laredo, “como parte de las investigaciones que mantienen a 30 elementos detenidos en el Campo Militar Número Uno como probables responsables del delito de desaparición forzada de personas”.
En un comunicado de prensa señalaron que los marinos “se trasladan en al menos cuatro camionetas tipo pick up y una Tahoe, acudiendo casi todos los días a las oficinas de la Fiscalía General de la República (PGR) en este municipio, pero también han sido vistas patrullando diferentes sectores de la ciudad”.
La presencia del personal naval en Nuevo Laredo llamó la atención de los ciudadanos, toda vez que desde finales de mayo de 2018 el entonces titular de la Semar, Vidal Francisco Soberanes Sánz, ordenó su salida de la ciudad fronteriza, luego de que el entonces Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto parar la “ola de desapariciones” atribuidas al personal de la Semar durante los primeros cinco meses de 2018.
Los familiares de las personas desaparecidas consideraron “preocupante” la presencia de marinos, porque podría traer consigo una serie de “represalias por el juicio y las carpetas de investigación” abiertas en su contra ante la FGR.
La presencia intimidatoria fue denunciada ante la Segob y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez.
El defensor consideró que la presencia del personal castrense, “lejos de limitarse a diligencias de la institución, parece más bien un acto de provocación y agravio para familiares de víctimas de desapariciones forzadas ocurridas entre febrero y mayo de 2018”.
Ramos Vázquez recordó que durante la disculpa pública el director de la Unidad de Promoción de Derechos Humanos de la Semar, Ramiro Lobato Camacho, consideró que el procesamiento de marinos por las desapariciones es un “precedente hacia una estricta vigilancia de las operaciones navales y el respeto a los derechos humanos en nuestro país”.
Y dijo que su organización observará “la presencia de elementos de la Marina en Nuevo Laredo para evitar abusos de autoridades y violaciones a los derechos humanos”.
Para el defensor, la molestia de los elementos castrenses podría deberse a que el 9 de abril la FGR “ejecutó órdenes de aprehensión en contra de 30 elementos de la Secretaría de Marina imputados por el delito de desaparición forzada de personas que corresponden a tres causas penales, en las que aparecen como víctimas Noe Ignacio Alférez Hernández, Jonathan Organista Ballesteros, Julio César Viramontes Arredondo y José Luis Bautista Carrillo.
Cabe destacar que la recomendación de la CNDH 36VG/2020 corresponde a la desaparición forzada de 27 personas, de las cuales 12 aparecieron muertas en fosas clandestinas, dos vivas y 13 continúan desaparecidas.
Además, la FGR tiene abiertas 34 carpetas de investigación por las desapariciones desde 2018, que corresponden a 47 personas; de todas esas carpetas, sólo tres han sido judicializadas.
