CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La fotografía salió un poco borrosa y con mala exposición a la luz, pero todos cupieron: en primera fila y en el centro, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, flanqueado por Miguel Ángel Mancera Espinosa y Graco Ramírez Garrido Abreu; más adelante a su izquierda, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, y a tres lugares más, el procurador Raúl Cervantes Andrade; a su derecha, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y detrás de ellos, 27 de 32 gobernadores en función.
A excepción del uniforme militar verde olivo de Cienfuegos, todos los asistentes de la LII Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) presentes en la fotografía oficial del evento, que se llevó a cabo el 3 de mayo de 2017, vestían guayaberas, cuyo algodón blanco contrastaba con las flores color de fuego que brotaban de los tabachines plantados en aquel parque de Jojutla, Morelos, municipio sede del evento.
Las sonrisas de los protagonistas disimulaban la desconfianza mutua que imperaba. Entre 2016 y 2017, dos agencias del gobierno de Peña Nieto ingresaron en sus plataformas de Pegasus los números de teléfono de 29 gobernadores en función, así como de decenas de sus colaboradores y secretarios. Ello, independientemente de su signo político.
Sus números aparecen entre los más de 50 mil registros telefónicos seleccionados por clientes de NSO Group que fueron analizados por Proceso y 16 medios en 10 países, en el marco de la investigación internacional Pegasus Project, coordinada por Forbidden Stories con el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional.
Entre ellos figuran el chihuahuense Javier Corral Jurado, el michoacano Silvano Aureoles Conejo, el nuevoleonés Javier Rodríguez Calderón “El Bronco”, el poblano Rafael Moreno Valle, el mexiquense Eruviel Ávila Villegas o la sonorense Claudia Pavlovich Arellano –entonces única mujer gobernadora–; de todos los gobernadores en función en 2017, no se identificaron el número del chiapaneco Manuel Velasco Coello, el panista de Baja California Francisco Vega de Lamadrid y el guanajuatense Miguel Márquez Márquez, aunque sí aparecieron los contactos los de sus particulares y de funcionarios cercanos.
En total, el gobierno de Peña Nieto seleccionó en plataformas de Pegasus los números de por lo menos 555 gobernadores, ya sea en tiempos anteriores, en el momento de su ingreso en la plataforma, o en años posteriores a 2017.
Figuran, por ejemplo, los números de los exgobernadores Manlio Fabio Beltrones –otrora gobernador de Sonora–, los oaxaqueños José Murat Casab y Gabino Cué Monteagudo, el duranguense Ismael Hernández Deras, el guanajuatense Juan Manuel Oliva Ramírez o el zacatecano Ricardo Monreal.
Se encuentran también los datos de quiénes, meses o años después, llegarían al poder en sus estados, como priista –Miguel Ángel Riquelme Solís en Coahuila y Mauricio Vila Dosal en Yucatán–, del PVEM, como el potosino Ricardo Gallardo Cardona, o de MC, como el jalisciense Enrique Álfaro Ramírez. Varios son actualmente gobernadores bajo la bandera de Morena: el tabasqueño Adán Augusto López Hernández, el poblano Miguel Barbosa Huerta, o Layda Sansores, quien es ahora gobernadora electa de Campeche, el nayarita Miguel Ángel Navarro o el zacatecano David Monreal Ávila.
Algunos de los gobernadores seleccionados en plataformas de Pegasus por agencias del gobierno federal también eran fanáticos del espionaje clandestino. Mancera, o Moreno Valle, entre varios, operaban sus propios centros de espionaje –no necesariamente con Pegasus– mientras gobernaban sus entidades, para espiar a objetivos de la más alta importancia, como el propio Peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador.
Prófugos
En Jojutla, los gobernadores y los funcionarios de Peña Nieto aprobaron un decálogo de pronunciamientos, titulado “10 compromisos por la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas”.
La firma se llevó a cabo con la presencia de los principales responsables del sistema de seguridad del país, entre ellos Cervantes, Cienfuegos y Osorio Chong, respectivos responsables de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la inteligencia militar y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), tres clientes de la empresa israelí NSO Group que desarrolló el spyware Pegasus.
Por cierto, también participó a la reunión Eugenio Imaz Gispert, aliado incondicional de Osorio Chong y entonces director del Cisen, la agencia que presuntamente realizó la mayor parte del espionaje político entre 2016 y 2017.
Pegasus permite a un cliente, supuestamente una agencia de gobierno, acceder a prácticamente toda la memoria del teléfono de un objetivo, incluyendo mensajes –SMS, Whatsapp y otras aplicaciones de mensajería– y correos; también capta la geolocalización, permite consultar el historial, escuchar las llamadas, y tomar el control del micrófono y de la cámara cuando lo desee.
Resulta imposible afirmar que todas las selecciones de números documentadas en esta investigación fueron seguidas por ataques, y que aquellos lograron instalar Pegasus en los teléfonos de sus víctimas. En aquel entonces –2016 y 2017–, la infección funcionaba cuando la víctima apretaba un vínculo malicioso enviado en el contenido de un mensaje de texto o un correo electrónico.
De los más de 50 mil datos telefónicos a los que tuvieron acceso Forbidden Stories y Amnistía Internacional, más de 15 mil corresponden a México; durante meses, Proceso, Aristegui Noticias, el Washigton Post, The Guardian y los demás medios aliados los analizaron, cruzaron y verificaron, y pudieron identificar, con un alto margen de certeza, qué agencia del Cisen, de la AIC y de la Sedena seleccionaron a algunas víctimas de Pegasus.
De la AIC salieron las selecciones de exgobernadores prófugos o investigados por la justicia, como el tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien fue acusado de lavar dinero para el cártel de los Zetas y fue seleccionado hasta cuatro días antes de su captura en Florencia, Italia; el quintanarroense Alberto Borge Ángulo –detenido en Panamá en junio de 2017 y ahora preso– y su esposa, así como el nayarita Roberto Sandoval, quien fue arrestado en junio pasado. También buscaba activamente al exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa a través de sus aliados y familiares, hasta su detención en abril de 2017.
Por otra parte, los datos sugieren que todas las selecciones de gobernadores en función tuvieron su origen en el Cisen y en la Sedena, dos instancias que podían hacer un uso arbitrario de Pegasus, pues intervenían comunicaciones sin pedir autorizaciones a la justicia; a raíz de ello, el Cisen encabezó, durante estos años, operaciones de espionaje ilegal masivo.
En días pasados, Proceso y los demás medios que participaron en el Pegasus Project revelaron que el gobierno de Peña Nieto utilizó el spyware de NSO Group para espiar de manera masiva a al menos 25 periodistas –seis de ellos laboraban en esta revista en ese momento y uno, Cecilio Pineda, fue asesinado cerca de un mes después de la selección–, defensores de derechos humanos, víctimas de crímenes graves –dos familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa–, sindicalistas o sacerdotes.
Los datos también indican que las agencias gubernamentales acecharon a actores políticos de primer nivel, incluyendo más de 50 integrantes del entorno íntimo de Andrés Manuel López Obrador –hasta su cardiólogo– y los cuadros de Morenas, el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo, los presidentes nacionales del PRD e incluso algunos priistas claves para su gobierno, como Emilio Gamboa Patrón.
En el marco de esta investigación, los medios asociados buscaron por muchas vías distintas una manera de comunicarse con el expresidente Enrique Peña Nieto, entre ellos sus hijos, un exabogado, el PRI y excolaboradores; algunos no contestaron, y otros dijeron que no tenían forma de hacerle llegar un cuestionario. Ayer, su novia Tania Ruiz subió una fotografía de Peña Nieto abrazándola, para celebrar en público el cumpleaños del exmandatario.
En respuesta a un cuestionario enviado en el marco de esta investigación internacional, el ahora senador Miguel Ángel Osorio Chong, negó categórica y reiteradamente los hallazgos de esta investigación. Afirmó que durante su gestión al frente de la Segob, “nunca se autorizó ni se tuvo conocimiento sobre la existencia o el uso del software al que se refieren”; también afirmó que “nunca se ordenó ni se tuvo conocimiento del uso de Pegasus, contra nadie”.
NSO Group también negó prácticamente todos los hallazgos de la investigación internacional; en una serie de cartas previas y posteriores a la publicación de Pegasus Project, la empresa afirmó que la base de datos no estaba relacionada con su spyware, pero sostuvo que investigaría cualquier caso probado de abuso.
Ojo a Sonora
Entre 2016 y 2017, con cierta frecuencia, dos agencias gubernamentales –presuntamente el Cisen y la Sedena– ponían atención a los estados. De un golpe, seleccionaban los números del gobernador o la gobernadora, sus particulares, sus fiscales, algunos secretarios, y algunos actores políticos locales.
Así, a principios de 2017 la agencia que podría ser la Sedena seleccionó en un breve lapso los números de Aristóteles Sandoval (Jalisco), Marco Mena (Tlaxcala), Omar Fayad (Hidalgo), Héctor Astudillo Flores (Guerrero), Francisco Cabeza de Vaca (Tamaulipas), Rubén Moreira (Coahuila), José Rosas Aispuro (Durango), Carlos Mendoza Davis (Baja California Sur), Alejandro Moreno (Campeche), Mancera (CDMX), Arturo Núñez (Tabasco), Juan Manuel Carreras (San Luis Potosí) y Carlos Joaquín González (Quintana Roo). No aparece el número del chiapaneco Manuel Velasco Coello, sino de su particular, Humberto Morales Paniagua.
En más de una ocasión, el Cisen y la Sedena tuvieron en el radar a Sonora, y su gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano: junto con la ahora exmandataria –en junio pasado dejó su cargo a Alfonso Durazo Montaño, quien también fue ingresado en una plataforma Pegasus– figuran siete de sus cercanos, como su secretario de gobierno Miguel Pompa Corella, o su particular Manuel Puebla Espinosa de los Monteros.
“A mí me grabaron, en la campaña también, y editaron conversaciones entre otras cosas. Es que de tanto que me hicieron, ya se me había olvidado esa parte. En mi campaña sacaban grabaciones mías, pero muy curioso porque yo decía: ‘Eso sí lo dije, pero esa parte, no lo dije así’; hicieron unos estudios y eran conversaciones pegadas, de escucharme horas y horas, y yo decía: Ora’ a escuchar a los delincuentes! por me están escuchando a mí?”, reflexiona Pavlovich.
En el marco de esta investigación internacional, la mujer, integrante del grupo político del exgobernador Manlio Fabio Beltrones –otrora rival de Peña Nieto para la candidatura del PRI a la presidencia de la República–, recibe a Mary Beth Sheridan, corresponsal en México del Washington Post, y le ofrece una entrevista sobre los intentos de espionaje que sufrió en años recientes.
“No sé si es el sistema Pegasus el que utilizaron conmigo, pero lo viví en carne propia, creo que son prácticas que deben terminarse. Y obviamente estoy totalmente en contra de ello, creo que todo lo que sea para enfrentar el crimen en todas sus versiones es correcto, pero el tema de escuchar llamadas telefónicas con uso político me parece totalmente fuera de lugar”, dice.
“Sí notas, ¿No? De repente estás hablando y “rrrrrrrr” un ruidajo, y luego… pero no tengo nada que te pueda decir, yo soy abogada, y que te puedo decir: tengo esto y ¿Te lo puedo demostrar? No, la verdad no”, abunda.
“Cuando empecé a ser gobernadora, decía ‘oye, pues ya no sé si hablo o no’, sobre todo como yo hablo mucho con mis hijas, me importaba el tema de seguridad, ¿No? Les decía cosas: ¿Dónde están?, ¿A dónde van? Por supuesto que te crea un tema de incertidumbre; más cuando de repente oyes en una llamada una voz tuya y dices: ‘Pero eso no dije así? Y durante toda una campaña lo mismo”, reflexiona.
Juegos de espías
Pegasus no es, para nada, la única tecnología de espionaje en venta en México. En la última década y media, el país se convirtió en un gigantesco negocio para las empresas extranjeras desarrolladoras de herramientas intrusivas.
Durante por lo menos una década y media, las empresas Verint Systems, Nice Systems, Hacking Team, Gamma, Ability Inc, Rafael Advanced Defense Systems, Rayzone, Phantom Technologies y Circles aprovecharon la sed de espionaje y de vigilancia de las agencias federales, del Ejército y de los gobiernos estatales para vender sus productos al por mayor, en una gama mucho más diversa que los spyware como Pegasus.
De hecho, varios de los gobernadores ingresados en plataformas de Pegasus por agencias federales tenían sus propios centros de espionaje, a veces muy complejos.
En septiembre de 2020, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que, a un mes y 11 días de tomar posesión como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera había habilitado un edificio entero en el Centro Histórico capitalino, desde el cual una treintena de funcionarios realizaban operaciones clandestinas de espionaje, recolectando información sobre López Obrador y su familia, así como por lo menos 119 políticos –entre ellos Claudia Sheinbaum Pardo– académicos y funcionarios públicos.
De acuerdo con el reportaje, los agentes tenían 42 computadoras a su disposición, así como drones, 12 motos y 10 automóviles.
El operador principal de Mancera era Héctor Serrano Cortés, su secretario de Gobierno, quien amasó una fortuna mediante negocios inmobiliarios durante el sexenio de Mancera, y al terminarse el sexenio fundó el medio Contraréplica. Serrano, al igual que su jefe, fue seleccionado en reiteradas ocasiones en plataformas operadas por clientes mexicanos de NSO Group.
El gobierno también seleccionó en sus plataformas Pegasus al exgobernador poblano Rafael Moreno Valle, quien falleció junto con su esposa, la entonces recién electa gobernadora Martha Érika Alonso Hidalgo, en un accidente de helicóptero ocurrido el 24 de diciembre de 2018, entre Puebla y la Ciudad de México.
En 2016 y 2017, Moreno Valle operaba electoral y financieramente para arrebatar la candidatura del PAN a las elecciones presidenciales de 2018. Aparte, vigilaba de cerca a sus potenciales rivales en la región a través del programa espía Remote Control Systems, desarrollado por la empresa italiana Hacking Team.
En diciembre pasado, un exempleado de Hacking Team reveló a Proceso y otros medios participantes en la investigación Cartel Project –también coordinada por Forbidden Stories– que instaló el sistema de espionaje en una casa abandonada, donde le recibió Joaquín Arenal Romero, un exagente del Cisen quien trabajaba para el gobernador.
Durante varios años, Arenal operó la agencia de espionaje clandestina de Moreno Valle, la cual tenía sedes escondidas en varios lugares –llamadas “nidos”, según el medio poblano e-consulta– e interceptó llamadas de objetivos de primer nivel, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto, cuatro integrantes de su gabinete y miembros de las cúpulas del PAN y del PRD.
Al igual que su jefe, Arenal está muerto: falleció de una mala cirugía del riñón en 2017. El exdiputado panista Eukid Castañón Herrera, otrora brazo derecho de Moreno Valle y quien encabezó la red de espionaje ilegal con Arenal, está actualmente preso por lavado de dinero y extorsión. En el verano de 2016, una agencia que parece ser el Cisen seleccionó su número en una plataforma Pegasus.
En 2015, una filtración masiva de los correos y datos internos de Hacking Team reveló al mundo las entrañas del negocio absolutamente turbio de la venta de tecnología de espionaje, en la que se cruzan exagentes de inteligencia de Israel u otros países, militares y jefes de seguridad, así como intermediarios turbios.
Los correos revelaban que, aparte del gobierno federal, agencias estatales de seguridad habían adquirido la tecnología de espionaje, entre ellos de Querétaro, Campeche, Tamaulipas, Yucatán –bajo la administración de Rolando Zapata, cuyo número también aparece ingresado en plataformas de Pegasus–, Durango, Jalisco y Baja California.
Carmen Aristegui y Sebastián Barragán (Aristegui Noticias), Paloma Dupont de Dichenin (FS), Juan Omar Fierro (Proceso), Nina Lakhani (The Guardian), Lilia Saúl (OCCRP) y Mary Beth Sheridan (Washington Post) colaboraron en la realización de este reportaje.
