TOLUCA, Edomex (apro).– El dictamen de la llamada “Ley Ingrid” fue aprobado por unanimidad esta tarde por el pleno de la Legislatura local, con lo cual, a partir de reformas al Código Penal, será sancionable y un delito la difusión, filtración, publicación, transmisión o exposición de imágenes, audios o archivos que difundan o contengan imágenes cruentas de víctimas de delitos y de víctimas de feminicidio de cualquier edad.
La medida busca frenar la “violencia mediática de género” con la revictimización interminable de mujeres violentadas y cuyos restos son exhibidos en redes sociales y medios.
Durante la segunda sesión del noveno periodo de sesiones, el dictamen que se construyó a partir de propuestas de Morena, PRD, PAN y la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México, fue aprobado con 70 votos de todas las fracciones.
De esta forma, las personas o servidores públicos que filtren imágenes de víctimas podrían ser sancionados con hasta seis años de prisión, pero si son servidores públicos, las penas aumentan a nueve años; si las víctimas son mujeres, llegan a 11 años, indicó la diputada morenista Beatriz García Villegas al leer el dictamen.
La reforma adiciona el artículo 227 Bis al Código Penal del Estado de México y considera que, cuando se trate de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarían hasta en una mitad, esto es que podrían llegar hasta los nueve años de prisión.
Adicionalmente, la sanción podría llegar hasta los 11 años cuando el delito lo cometa un servidor público.
También dijo que no puede seguirse lucrando con la dignidad e integridad de las víctimas, y refirió que la iniciativa que surgió de ella y luego fue enriquecida con aportaciones de otras fracciones, es un “tributo” a la memoria de una niña”, cuyas imágenes, en menos de dos horas de haber sido víctima de delitos, ya estaban difundiéndose.
Detalló que la medida busca también “combatir la violencia mediática de género” en el Estado de México.
Por parte del PRD habló la diputada Araceli Casasola, quien aseguró que la reforma busca poner fin a la violencia continuada en el tiempo.
Violencia en las cárceles
Durante la sesión también se presentó y aprobó un punto de acuerdo del diputado Eleodoro Enrique Sepúlveda, que exhorta a la Secretaría de Seguridad del gobierno mexiquense para que tome medidas contra la corrupción que priva en los centros penitenciarios de Edomex, y que ha convertido a las personas privadas de su libertad “en un negocio”, señaló el legislador.
Destacó que con motivo de las solicitudes de amnistía que se están presentando, han surgido diversas denuncias relacionadas con los esquemas de cobros extralegales que operan en los centros penitenciarios de la entidad, donde prácticamente todo tiene un costo para las familias de los internos.
Entre estas tarifas que se incluyen en un catálogo ilegal de tarifas, destacó que los internos y sus familias, por ejemplo, tienen que pagar 120 pesos por comida, entre 2.00 y 5.00 pesos por cada puerta que cruzan en las cárceles, 80 pesos por visita y hasta por tener información y recibir correos.
Dijo que al final estos cobros tienen una carga para las familias de entre 500 y dos mil 500 pesos, sin precisar si son mensuales o semanales.
El exhorto también fue aprobado por unanimidad de votos.
