García Cabeza de Vaca es una de las pocas figuras de oposición que puede presumir de resultados, dice Eduardo Guerrero Gutiérrez.
Eduardo Guerrero Gutiérrez
Mientras escribo estas líneas el futuro de Tamaulipas es incierto. El gobernador, que mantiene el respaldo del Legislativo local y el mando sobre la policía estatal, es técnicamente un prófugo de la justicia, pues la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en su contra. El senador Ricardo Monreal manifestó que la Cámara alta tiene elementos para iniciar el proceso de declaratoria de desaparición de poderes en Tamaulipas (aunque también convocó a un acuerdo político, que implicaría que el gobernador pidiera licencia).
Desde hace años no veíamos una persecución de Estado tan agresiva contra una autoridad de la talla de un gobernador en funciones. El caso más reciente que me viene a la mente es precisamente el célebre desafuero contra López Obrador, en tiempos de Vicente Fox. En aquel entonces, sin embargo, el gobierno reculó. Con la orden de aprehensión que se libró la semana pasada, y las otras medidas que ya se han tomado, esa opción se va cerrando.
El gobierno actuó en abierto desacato a lo que resolvió el ministro González Alcántara en el auto de desechamiento de la controversia constitucional que interpuso el Congreso de Tamaulipas contra la Cámara de Diputados por el desafuero de Cabeza de Vaca. Ese desechamiento implica que el gobernador en realidad nunca fue desaforado, pues la Cámara de Diputados no puede hacerlo sin el aval del Congreso de Tamaulipas. Así de simple. De todas formas, la Fiscalía General de la República y un juez federal optaron por seguir con la persecución penal del gobernador. Al parecer la 4T ya decidió que, contra García Cabeza de Vaca, no bastan los medios de la política. La guerra continuará por todas las vías disponibles y sin ningún miramiento, ni al orden constitucional ni a la soberanía de Tamaulipas.
Resulta difícil entender qué llevó al gobierno a seguir un camino tan temerario contra un adversario político. Tal vez fueron muchos factores. El propio García Cabeza de Vaca ha jugado rudo contra algunos de sus adversarios. Al menos así lo denuncia Carlos Canturosas, exalcalde de Nuevo Laredo y cercano al círculo de René Bejarano. Desde que declinó sumarse al equipo del gobernador su familia ha sido blanco de distintas investigaciones por parte de autoridades estatales. También están los rumores de que García Cabeza de Vaca le pidió a un consultor de Houston que investigara las andanzas del primogénito de AMLO, José Ramón López Beltrán. El gobernador de Tamaulipas tiene enemigos muy bien conectados y esos enemigos probablemente han empujado con fuerza las acciones en su contra.
Sin embargo, hay otra poderosa razón que explica la persecución. García Cabeza de Vaca es una de las pocas figuras de oposición que puede presumir de resultados. En particular, se trata del único gobernador que en los últimos años ha logrado salir de una crisis de inseguridad. De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del Inegi, la percepción de seguridad en Tampico es una de las mejores del país, mejor incluso que la de Mérida, algo impensable hace algunos años. Esta mejor percepción se ha logrado, en buena medida, gracias a la disminución de la violencia criminal. En 2020 el crimen organizado asesinó a 293 personas en Tamaulipas, una disminución de 58 por ciento en comparación con la cifra registrada tres años atrás. La seguridad es, y seguirá siendo, un tema fundamental en las elecciones y, ante los malos resultados del gobierno federal en la materia, el éxito de García Cabeza de Vaca resulta intimidante.
La idea de que el ahora gobernador pueda llegar a ser un atractivo candidato presidencial y, de ahí, ocupar Palacio Nacional, es uno de los peores escenarios para AMLO y varios en su círculo cercano. Por ello, la intención no es sólo arrestar a García Cabeza de Vaca, sino mandarlo al Altiplano, un penal federal de máxima seguridad donde no podría operar políticamente. De ahí que la más reciente acusación no fuera, como lo fue en el juicio de procedencia, defraudación fiscal sino lavado y delincuencia organizada.
Con la orden de aprehensión de la semana pasada, el juego sucio de la política ya es una guerra declarada y sin cuartel. Esta guerra no sólo arrastrará a los partidos políticos, sino que también pondrá en una difícil situación a todas las instituciones del Estado, empezando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se genera un enorme riesgo en Tamaulipas. Para algunos actores, políticos pero también criminales, la crisis que viene podría parecer una buena oportunidad para revolver el río.
