La Comisión Estatal de Búsqueda de Tamaulipas se sumó a la protesta de cientos de colectivos que advierten que la nueva legislación de la FGR pone obstáculos a la lucha que emprendieron hace años: encontrar a sus seres queridos
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, se detonó la inconformidad de decenas de colectivos de familiares de desaparecidos, e incluso de la Comisión Nacional de Búsqueda y 28 comisiones estatales, incluida la de Tamaulipas.
Su argumento es muy sencillo: la nueva legislación significa un retroceso en su lucha porque las diferentes autoridades cumplan con su obligación de buscar y localizar a miles de personas cuyo paradero se desconoce.
El rechazo a esta ley aprobada recientemente, es tan grande que incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, prepara una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República.
La solicitud se hizo desde la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México (CNB), adscrita a la Secretaría de Gobernación y 28 comisiones de búsqueda en el país.
La Comisión de Búsqueda de Tamaulipas se sumó a este rechazo; la entidad suma alrededor de 9 mil hombres, mujeres y menores de edad de los que no se tiene pista, solo se sabe que, en alguna de las ciudades de la entidad, fue la última vez que se tuvo algún tipo de contacto con ellos. Del 01 de diciembre del 2018 al 31 de diciembre del 2020, Tamaulipas se colocó en el segundo lugar en el número de reportes de personas desaparecidas con mil 287, sólo después de Jalisco que sumó en el mismo periodo, 3 mil 724. El pasado 20 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que expide la Ley de la Fiscalía General de la República, se abroga la Ley de Orgánica de la FGR y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de ordenamientos legales.
Las comisiones afirman que la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR), representa un obstáculo para la búsqueda de personas desaparecidas y una violación a los derechos a la verdad y la justicia.
“En un país con más de 88 mil 130 personas desparecidas, víctimas de diversos delitos, más de 4 mil fosas clandestinas, decenas de miles de cuerpos sin identificar, apenas 33 sentencias condenatorias de primera instancia a nivel nacional por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, y docenas de miles de investigaciones abiertas”.
“Insistimos en que lo que se necesita para atender esta crisis y combatir estructuralmente la impunidad, son reformas integrales -constitucionales y legales de verdad y justicia”.
Apenas el año pasado, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, reportó haber participado en 67 jornadas de búsqueda con autoridades de los tres órdenes de gobierno y familiares de desaparecidos en Tamaulipas.
“En Abasolo, Tamaulipas, sólo en tres días, del 16 al 19 de marzo tuvimos un hallazgo con más de 20 kilogramos de fragmentos de restos óseos con exposición térmica, que se suman a las decenas, si no es que centenas de kilos de restos óseos que tenemos sobre todo recuperados en el noreste del país”, informó Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, sobre una lo realizado este mismo 2021.
Este año, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, de acuerdo con su titular, reporta poco más de 70 operativos, “con resultados positivos, tanto en vida como fallecidos”.
Josefina de León Mendoza, presidenta del Colectivo de la Red de Desaparecidos de Tamaulipas, calificó la nueva Ley como un retroceso, recordando que desde el año pasado se plantearon todas las preocupaciones, sin éxito.
“Principalmente de familiares de personas desaparecidas, en torno a esta modificación de la ley orgánica, que separaba a la Fiscalía General de la República del Sistema Nacional de Búsqueda”.
Apuntó que, precisamente el mecanismo para la identificación forense, se encuentra en riesgo, “es lamentable que se vaya construyendo este tipo de escenarios, principalmente a las víctimas que hemos estado caminando por bastante tiempo en esto”, señaló.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, señala que la nueva Ley de la FGR, no se establece obligación clara y fortalecida de la Fiscalía, frente a los mecanismos de derechos humanos, ni existe claridad o certeza jurídica sobre la forma en cómo participará en el Mecanismo de Apoyo al Exterior, en el que se incluye el Sistema Nacional de Búsqueda.
Entre otras regresiones, la CNDH advierte que la participación de las víctimas de violaciones a derechos humanos en los planes de investigación, no se considera, por lo que no se garantiza el derecho de las víctimas a colaborar con el Ministerio Público.
Además, fue retirada la participación de la Fiscalía General como integrante en los órganos colegiados de toma de decisiones de las instituciones relacionadas con las víctimas.
“Además, insistimos, tergiversa el significado de lo que implica la autonomía y regresa a una fiscalía vertical, no transparente y cerrada a la ciudadanía, y obstaculiza la coordinación interinstitucional”, señalaron sobre ello las Comisiones de Búsqueda.
La Comisión de Derechos Humanos, advierte que, al señalar en el artículo 5 de la Ley de la Fiscalía al Ministerio Público de la Federación, “le corresponde, en representación de los intereses de la sociedad…”, se antepone como función principal el interés social, por encima de la “protección de los intereses de la víctima”, lo que puede ser regresivo y atentar contra el principio de progresividad.
Desde hace años, han sido los colectivos organizados de personas que buscan a algún familiar desaparecido, los que han impulsado las reformas legislativas que han activado los mecanismos necesarios para las búsquedas en el país.
POR PERLA RESÉNDEZ
