CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua validó la candidatura de María Eugenia Campos Galván a la gubernatura de la entidad por la coalición PAN-PRD, pese a las quejas que Fuerza por México, Morena y Movimiento Ciudadano presentaron en su contra por el proceso penal que enfrenta tras recibir sobornos del exgobernador priista César Duarte.
“Qué bueno que nuestras instituciones mantengan el espacio de independencia para emitir sus resoluciones, y con ello la gobernabilidad en nuestro estado y nuestro país”, dijo la panista
Señaló que la resolución del Tribunal está estrictamente apegada a las leyes, y considero que la impugnación presentada por los partidos encabezados por Morena no buscaba la justicia, “sino solamente hacer ruido, hoy solventada claramente con criterios sólidos de la jurisprudencia mexicana”.
La candidata del PAN-PRD al gobierno de Chihuahua enfrenta acusaciones por diversos delitos relacionados con actos de corrupción durante su desempeño como servidora pública.
Se le acusa de haber recibido alrededor de 8 millones de pesos del exgobernador César Duarte Jáquez a través de la Nómina Secreta, acreditados con 34 recibos firmados por ella, a los cuales el juez de control les dio valor probatorio.
También por haber recibido en su cuenta bancaria personal un depósito de 20 mil pesos por parte del gobierno estatal cuando ella era diputada, sin que pudiera comprobar para qué era ese dinero.
Igualmente es señalada de haber tenido un contrato de prestación de servicios jurídicos profesionales que tenía que dar el despacho de abogados Campos Galván y Asociados al gobierno de César Duarte, los cuales no fueron acreditados, aunque sí se comprobó que durante casi dos años cobraron 40 mil pesos por mes, hasta llegar al monto aproximado de un millón 200 mil pesos.
Asimismo, se le acusa de fraude procesal, en virtud de que se comprobó que inventó pruebas para justificar que el despacho citado había otorgado los servicios jurídicos al gobierno de César Duarte. Por último, se le investiga por presunto soborno y uso indebido de atribuciones, al haber cobrado “moches” a distintas empresas a cambio de favorecerlas con el otorgamiento de contratos de servicios y obras.
