Intromisión de Bonilla en Sistema Anticorrupción de BC; intenta encarcelar a secretario técnico

MEXICALI, BC (apro).- Incómodo desde su creación, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) recibió hoy un golpe más de parte del gobernador Jaime Bonilla, quien pretendió encarcelar al secretario técnico, Luis Irineo, luego de que éste se negó a que se realizara una auditoria desde el gobierno.

A las 10 de la mañana los funcionarios estatales Mario Alzate Cruz y Luis Athié Núñez, subsecretario de la Secretaría de Honestidad y Función Pública y director de enlace entre el gobierno y el organismo, respectivamente, llegaron al SEA acompañados de policías municipales. Anunciaron que practicarían una auditoria e incluso señalaron que desde ayer se les notificó la acción.

A través de la directora administrativa, el secretario técnico, Luis Irineo, les dijo que “se les respondería por escrito en dos días”, y las autoridades amagaron con privarlo de la libertad.
    
“¡Vamos a pasar con la fuerza pública a detenerlo (al secretario técnico), lo vamos a llevar en carácter de detenido!”, advirtieron ambos funcionarios.
    
De inmediato, Irineo, quien además es abogado, exigió que exhibieran la orden de un juez. Señaló que, al no contar con ella, “de inmediato sacaron otro documento, en ese mismo momento, donde se me destituye para que no entorpezca las investigaciones”.

Se explicó a las autoridades que no tienen facultades para auditar al organismo, ya que, de acuerdo con la Ley del SEA, la única figura que puede hacerlo es el “órgano de control” que debe ser designado por el Congreso local.

Justamente por tratarse de un organismo descentralizado, y para evitar la injerencia del Poder Ejecutivo, que es a quien se vigila para que no incurra en actos de corrupción, los diputados locales crearon la figura del “órgano de control”.
    
Sin embargo, Morena, que tiene mayoría en el Congreso local, no ha nombrado hasta ahora al titular de dicho ente, de manera que quien audita al SEA es la Auditoria Superior del Estado. Así ocurrió en los años 2019 y 2020, tiempo de vida del Sistema Anticorrupción.
    
“Se trata de que ninguna autoridad del Poder Ejecutivo participe en la revisión y con ese pretexto pretenda injerir en el organismo. Se estableció la figura del ‘órgano de control’ justo para evitar que se entrometa en la vida del SEA”, detalló Luis Irineo en entrevista.

Por separado, los funcionarios estatales que acudieron a realizar la auditoria aseguraron que sí tienen facultades y que la “resistencia” del SEA les “genera dudas” sobre el manejo de los recursos.

Además, mostraron la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y consideraron que ella los faculta para intervenir. Del lado del organismo sostienen lo contrario.

Lo que no dijeron las autoridades es que el destino del recurso que auditarán no existe. Y la razón es que hasta el momento el SEA no ha recibido un solo peso de los 12 millones que le corresponden para este año, debido a que los mismos diputados de Morena añadieron un artículo transitorio, en diciembre de 2020, al aprobar dichos recursos. 
    
En tal artículo se condiciona la entrega del dinero a que sesione el SEA, sin embargo, éste no ha podido hacerlo desde el 21 de marzo de 2020, debido a que los representantes del gobierno de Jaime Bonilla no han acudido, evitando con ello la constitución del quórum.
    
Así, la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado no ha entregado un solo peso al SEA. Y por lo que respecta al gasto de los dos años anteriores, 2020 y 2019, la Auditoria Superior del Estado es la que ha hecho las revisiones.

¿Por qué no sesionan?

Desde su constitución, el SEA no ha aprobado recomendación alguna. La primera fue elaborada en diciembre de 2019 y se buscaba que en enero se avalara, sin embargo, los funcionarios estatales no acudieron a la sesión.
    
Dicha recomendación contenía dos puntos centrales: la entrega de dos notarías a la familia del exgobernador priista Xicoténcatl Leyva Mortera (operador político de Jaime Bonilla al inicio de su gestión, 2019) y el caso de los moches que futuros funcionarios de Bonilla solicitaron a empresarios durante el periodo de transición, a cambio de posibles contratos de proveeduría para el gobierno.
    
Aunque el SEA no puede investigar moches, malos manejos o entrega de notarías, sí cuenta con el respaldo de la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto; ello a través de un convenio de “vinculación”, es decir, los hechos sobre los que se pronuncia el SEA tienen que se indagados por la UIF.
    
Desde enero pasado, fecha en que se aprobarían las recomendaciones antes mencionadas, el gobierno de Bonilla determinó no enviar a sus autoridades y con ello hizo el vació al SAE; luego, en marzo de 2020, la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza, acudió a la sesión, pero para pedir que no se volviera a reunir el SAE hasta que no resolvieran algunos temas jurídicos. 

Y hoy, funcionarios que dependen de ella acudieron al SAE a realizar una auditoria y reclamar que los integrantes ciudadanos no han acudido al llamado para sesionar.

Por lo pronto, el secretario técnico del SAE, Luis Irineo, acudirá a un Juzgado de Distrito para solicitar un amparo, por considerar una “injerencia” y abuso de poder del gobierno de Jaime Bonilla.