La Cámara de Diputados impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), vía controversia constitucional, el acuerdo que emitió el Congreso de Tamaulipas para que sea el poder Legislativo local, no la Cámara Baja, el que determine si procede o no el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado por la Fiscalía General de la República de la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.
La demanda que promueve la Cámara Baja precisa que el acuerdo del Congreso de Tamaulipas viola siete artículos de la Constitución porque vulnera la facultad exclusiva de San Lázaro para declarar la procedencia penal contra servidores públicos, establecida en la fracción V del artículo 74. Y que en el caso específico de los gobernadores la declaración de procedencia que aprueba la Cámara Baja sólo se comunica a las legislaturas locales. La presentación del recurso aún se discutiría en el pleno de San Lázaro.
