CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, obtuvo un amparo contra el proceso que se le sigue por el presunto lavado de 900 millones de pesos, relacionado con la venta de 22 predios de las reservas de la entidad a familiares y amigos.
El Segundo Tribunal Colegiado del Estado de México, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, concedió el recurso legal a Borge, por lo que dejó sin efecto la vinculación a proceso e instruyó a reponer el procedimiento.
El exgobernador fue detenido el 4 de junio de 2017 en Panamá y extraditado a México el 4 de enero de 2018, tras lo cual fue ingresado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, en Morelos.
En la audiencia realizada este viernes, el tribunal determinó de manera unánime que el proceso contra el exmandatario carece de fundamento legal y que, en caso de volver a ser sujeto a procedimiento, el juez de la causa deberá precisar cómo intervino en los hechos.
A propuesta del magistrado José Francisco Cilia López, el colegiado reclasificó la modalidad de lavado de dinero imputado a Borge, ya que fue procesado por el ocultamiento de recursos y ahora deberá valorarse si es vinculado a proceso en la variante de adquirir bienes, con conocimiento de que los recursos proceden de una actividad ilícita.
A Borge le imputan ser coautor del delito de lavado de dinero porque nombró a Claudia Romanillos como directora del Instituto de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IAPEQR), y ella vendió 22 predios a precios subvaluados a amigos y familiares del exgobernador.
Sin embargo, para el magistrado Cilia esto no explica el modo de intervención de Borge en la mecánica de los hechos delictivos y tampoco lo argumenta el juez de control que lo vinculó a proceso.
“Como coautor con codominio funcional del hecho ¿con qué datos de convicción advirtió (el juez) que el quejoso conoció de la compra-venta de los predios propiedad del estado y que omitió actuar en su carácter de garante de los derechos reales?”, cuestionó el magistrado en su ponencia.
“¿Cómo es que el otorgamiento o nombramiento a una determinada persona como directora general del IAPEQR constituye una aportación directa al hecho delictivo? ¿O bien que revelara algún acuerdo previo entre la coimputada y el quejoso para la comisión del hecho delictuoso y que ello fuera parte de la argumentación de la pluralidad de conductas con el mínimo propósito delictivo?”.
Con esta sentencia, ahora el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl convocará a Borge a una nueva audiencia inicial, para resolver si lo vincula o no a proceso.
Al concluir la audiencia, Karin de la Rosa, uno de los defensores, dijo que con la reclasificación del delito de lavadom también dos de los 22 predios deberán quedar fuera de la imputación cuando se defina la situación jurídica de su cliente.
Se trata de propiedades que adquirió César Celso González Hermosillo y Melgarejo (en 1 millón 989 mil 932 pesos), a quien la Fiscalía General de la República (FGR) señala como testaferro del exgobernador.
“Esos terrenos marcados con los números 1A y 1B fueron adquiridos por González Hermosillo antes de que Borge tomara protesta como gobernador; la operación se realizó cuando Félix González Canto era gobernador, entonces no puede ser posible que sean considerados porque va en contra de la teoría del caso de la FGR”, explico el abogado defensor.
Además del proceso por lavado, único que le instruyen a nivel federal, Borge tiene en curso otros tres del fuero común en Quintana Roo por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.
