Una jueza federal negó por tiempo indefinido a Francisco García Cabeza de Vaca la entrega de copias de la investigación que ha sido instruida en su contra y también rechazó impedirle a la FGR solicitar eventualmente la orden de aprehensión, derivada de la misma indagatoria.
Si bien para ejercer la acción penal contra el gobernador de Tamaulipas es necesario un proceso de desafuero, el mandatario presentó un amparo desde el pasado 12 de marzo, pidiendo que se suspendiera cualquier intento de la FGR para llevar su caso ante los tribunales, hasta en tanto le entreguen las fotocopias de la indagatoria.
Rosa María Cervantes Mejía, jueza décimo segunda de Distrito en amparo penal de la Ciudad de México, negó al mandatario la suspensión definitiva que solicitó para acceder a las copias de la carpeta de investigación por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, señalan registros judiciales.
Al mismo tiempo, también rechazó ordenarle a la FGR abstenerse de ejercer la acción penal contra el mandatario estatal, argumentando que la suspensión es improcedente contra actos de esta naturaleza, ya que otorgarla tendría efectos restitutorios que deben resolverse hasta la sentencia del amparo.
Antes, la jueza ya le había negado la suspensión provisional, puntualizando que, en el caso de las fotocopias de la investigación, tampoco podía ordenar su entrega porque ella no contaba con los elementos para establecer si el gobernador tiene la calidad de imputado.
No tener esta certeza y darle las fotocopias, dijo, puede implicar una violación a disposiciones de orden público, como son la secrecía de la investigación y los registros del expediente, los cuales deben permanecer bajo resguardo.
El gobernador ya presentó una queja contra la negativa de la suspensión definitiva, dictada por la juez Cervantes Mejía, y será un tribunal colegiado el que en breve determine si prevalece ese fallo o es modificado o revocado.
La FGR pidió el mes pasado el desafuero de García Cabeza de Vaca, para proceder penalmente en su contra por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
La delincuencia organizada es un delito con prisión preventiva oficiosa, es decir, que impide a un imputado llevar el proceso en libertad.
