Con el argumento de la “austeridad republicana” y el combate a la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalifica a personas e instituciones que critican sus políticas u obstaculizan sus planes. Si ello no es suficiente, pide investigarlos –aunque no se concluya en alguna acción judicial– y los somete a presión política y mediática hasta lograr su objetivo: que desistan, que se hagan a un lado. Esa fórmula política no sólo ha forzado renuncias y retiros anticipados de funcionarios, sino confrontaciones directas con organismos autónomos y el Poder Judicial.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Con el argumento de erradicar la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha colocado en la mira a organismos autónomos, entidades descentralizadas de la administración pública central e inclusive al Poder Judicial.
Además, en sus posiciones públicas respecto de cada caso presentado en el actual sexenio, siempre expuestas en sus conferencias de prensa matutinas, el mandatario ha personalizado críticas y cuestionamientos e instruido investigaciones contra funcionarios ajenos a su autoridad, forzando renuncias y retiros anticipados, aunque sin consecuencias judiciales.
El episodio más reciente tuvo su origen en la primera de varias suspensiones provisionales concedidas a particulares inconformes con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que en semanas previas fue aprobada con la mayoría de votos de Morena y sus aliados en las dos cámaras legislativas, sin que el debate parlamentario posibilitara mover ni el mínimo detalle a la iniciativa presidencial de reforma.
La primera reacción del presidente López Obrador, el lunes 15, fue pedir una investigación contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó el primer amparo y posteriormente varios más. Mediante una solicitud al Consejo de la Judicatura que amplió el jueves 18, el juzgador se convirtió en uno de los varios señalados por el titular del Ejecutivo.
Además, López Obrador reveló que había instruido una investigación sobre el ministro en retiro José Ramón Cossío, acusándolo de aliarse con Claudio X. González y de estar ambos detrás de los amparos a la polémica reforma.
El presidente fijó su posición desde que la iniciativa fue presentada: con la reforma energética realizada el sexenio pasado, producto del llamado Pacto por México, los productores privados de energía eléctrica renovable han sido privilegiados, mientras que la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad quedó obsoleta. Su intención, ha dicho, es invertir los papeles de manera que se generen ahorros evitando los “contratos leoninos” suscritos con los productores privados, a los que ha señalado como beneficiarios de esquemas de corrupción.
Ante la suspensión provisional concedida a la franco-nipona Eoliatec (un consorcio eólico integrado por las empresas EDF Energies Nouvelles y Mitsui) el jueves 11, la postura presidencial se radicalizó y, con el otorgamiento de otras suspensiones provisionales, el martes 16, de plano anunció que buscará mantener el marco normativo del sector eléctrico aprobado por el Legislativo y suspendido por el Judicial, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su oportunidad, declare inconstitucional la reforma.
El camino seguido en el tema por el presidente es similar a otros casos en los que, sea por decreto o por reforma, ha concretado sus planes –con descalificación personalizada de por medio– en los dos años cuatro meses que lleva en la titularidad del Ejecutivo.
