El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es investigado también por la adjudicación de contratos del gobierno estatal a empresas vinculadas con presuntos prestanombres.
La información que entregó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que analiza la procedencia del desafuero el Mandatario local, indica que la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas llevó a cabo tres licitaciones públicas por más de 54 millones de pesos para igual número de obras.
Se trata de la construcción del Centro de Justicia para Mujeres de Reynosa, la construcción y la dotación de mobiliario y equipo de una Unidad de Docencia y la pavimentación de la calle Cerro del Cubilete.
De acuerdo con la información de la UIF, estas licitaciones favorecieron a dos empresas en las que Baltazar “N” figura como representante legal, accionista y administrador único, las cuales llevan por nombre Empresa Inmobiliaria y BR.
Además, señala que ésta última recibió 497.4 millones de pesos de diversas licitaciones con el gobierno de Tamaulipas, pero también con Pemex y con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La UIF indica que Baltazar “N” es un empresario tamaulipeco listado por una entidad extranjera por el blanqueo de capitales y es accionista de al menos 11 razones sociales adicionales con contratos en el gobierno de Tamaulipas.
También es identificado como prestanombres de Francisco “T”, denominación con la que es identificado Cabeza de Vaca.
La información de la Unidad sostiene que la firma Empresa Inmobiliaria envió 300 millones de pesos a Baltazar “N” entre 2019 y 2021 y éste envió 33 millones de pesos a Francisco “T” de marzo a abril de 2018.
Éste último, según la UIF, es un posible prestanombres del gobernador y accionista y representante legal de la empresa fachada “T6”, la cual habría sido utilizada para adquirir el polémico departamento del Mandatario tamaulipeco en Santa Fe.
“Francisco ‘T’ envió 2.4 millones de pesos a la empresa fachada ‘T6’, misma que compra el departamento”, agregó.
El gobernador de Tamaulipas se encuentra sujeto a un proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía General de la República, señalado por los delitos de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Luego de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados dio entrada al trámite, actualmente analiza la procedencia o no del mismo.
