Manuel Ajenjo
El 26 de mayo del 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) al mando de Eduardo Medina Mora, por medio de la Policía Federal Preventiva y del Ejército, detuvo a 11 presidentes municipales, 16 funcionarios del gobierno estatal y un juez del estado de Michoacán, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Gobernaba la entidad el perredista Leonel Godoy. El golpe iba dirigido al perredismo que de Michoacán había hecho un bastión al ganar por dos veces consecutivas la gubernatura.
El gobierno federal, cuyo Ejecutivo, por las tardes y hasta entrada la noche, elucubraba en Los Vinos, perdón, en Los Pinos, planes y estrategias de gobierno, consideró que su plan sería una carambola de tres bandas: primero porque ya se hablaba de que vivíamos en un estado fallido donde la delincuencia estaba por encima de las instituciones, con este golpe se iba a disipar esa idea; segundo, se mandaría un mensaje a los estadounidenses de que en México se aplicaba la ley cayera quien cayera; y tercero, de cara a las elecciones intermedias del 5 de julio, se desprestigiaba a un gobierno emanado del PRD, y por ende, a éste partido. Algo le tocaba también al PRI por siete de los alcaldes detenidos. Un daño colateral hubo en casa: entre los alcaldes presos había dos panistas.
Siendo importantes las tres bandas, la del futuro electoral inmediato, el descrédito de la oposición, era de primera necesidad. También se pensó hacer algo semejante en el norte del país con el PRI como objetivo del oprobio. Cosa que no se realizó y que causó, como veremos al final, el enojo de Calderón.
Nadie comulgó con la rueda de molino michoacana. Ni electoral ni jurídicamente. Poco tiempo duraron presos los presuntos implicados con el crimen organizado. No se puede meter a 28 personas a la cárcel en paquete.
¿Por qué hago un símil del Michoacanazo con el caso del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca? Porque a todas luces su caso tiene un propósito electoral como lo tuvo aquel.
Yo no metería las manos al fuego por el gobernador panista que, al parecer, forma parte de ese selecto grupo de patriotas mexicanos que piensan devolverle a México, poco a poco, mediante la compra de inmuebles, el territorio que se perdió con López de Santa Anna. Pero su caso es jurídicamente imposible, mientras sea gobernador de Tamaulipas.
Supongamos que la solicitud de desafuero gestionada por la Fiscalía General de la República (FGR) ante el Congreso federal, concretamente ante la Cámara de Diputados, fuera aprobada por la mayoría morenista, el caso pasaría, como lo mandata la Constitución del Estado de Tamaulipas, al Congreso local donde el gobernador tiene mayoría. En el improbable caso de que dos tercios del Congreso tamaulipeco votara en contra del gobernador la acusación se turnaría al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, donde, por fuerza, el panista tiene influencia. Pero mientras se lleva a cabo el debido proceso más cerca estarán las elecciones y ahí hay una mina de lodo preelectoral hasta para aventar pa’ arriba. Otra cosa ocurrirá cuando el señor, cuyo apellido materno es el de la testa de la hembra del toro, termine su gobierno.
Lo leí en una columna del periodista José Cárdenas que lo supo de buena fuente: cuando la PGR no pudo o no quiso dar un golpe en el norte contra el PRI, parecido al Michoacanazo, una madrugada un telefonazo del presidente despertó a Eduardo Medina Mora, le dijo que era un traidor por no haber procedido en el norte igual que lo hizo en Michoacán. Al otro día el procurador le presentó su renuncia al presidente. Al inquirir el mandatario los motivos del renunciante, éste le dijo que por su conversación telefónica de madrugada. Felipe Calderón no se acordaba de dicha plática. Amiguito, si te sucede algo semejante llama al 018009112000, la línea de la vida.
