El año 2021 abrió bajo un clima de incertidumbre, no sólo por la pandemia rampante, también por la ola de violencia, asesinatos y ejecuciones. El primer mes es, en resumen, fatídico y desastroso por las consecuencias u incluso impacto a nivel internacional poniendo tensiones en las relaciones de México y los países centroamericanos.
El hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Santa Anita, municipio de Camargo, Tamaulipas, el 24 de enero, nos recuerda otros inhumanos asesinatos, parece que nada ha cambiado a pesar de las promesas de castigos severos, fin de la impunidad y la artificial mención desde el centro del país del fin de las masacres, argumento ridículo e irresponsable cuando apenas unos días, México está en el centro de la turbulencia política y de crisis de los derechos humanos ante este deleznable hallazgo.
Con el transcurrir de los días, los reclamos de Guatemala para resolver el crimen de trece de sus nacionales van revelando detalles del terror que vivieron los difuntos. Según un sobreviviente, fueron enganchados en ese país para llevarlos hasta los Estados Unidos. Las averiguaciones sobre la matanza adelantan que la escena del crimen pudo haber sido alterada y estarían involucrados, al menos, doce policías estatales acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad de información a sus superiores. Hechos que no son novedad. En 2017, policías de Tamaulipas fueron acusados por participar en ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo. En 2015, otro evento involucró a policías estatales, entre ellos un comandante, cuando atacaron a un grupo de jóvenes en el municipio de Tula, muriendo uno de los agredidos.
No son casos aislados. Tampoco es nuevo decir que, en estos crímenes, actúen elementos de las fuerzas de seguridad destapando la cloaca de la corrupción e impunidad, omnipresentes a pesar de las promesas de acabar con ellas. Con razón, el Consejo Latinoamericano para los Migrantes, Refugiados y Víctimas de Trata, Red Clamor, lanzó un duro extrañamiento a las autoridades recordando que “el hallazgo de 19 cuerpos baleados y calcinados, de posibles migrantes guatemaltecos, la mayoría del departamento de San Marcos, de la República de Guatemala, se suma a las masacres masivas y públicas de hermanas y hermanos centroamericanos en los años 2010, 2011 y 2012, ocurridas en las regiones de Tamaulipas y Nuevo León”.
¿Qué hay al interior de las corporaciones policiales y de seguridad pública que vuelve a descubrir esta tremenda corrupción? ¿Hasta dónde llegan los intereses que implica el asesinato de seres humanos, de migrantes, de nuevo blanco de estos crímenes?
Para activistas y defensores de los derechos humanos, entre ellos el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, tales crímenes sólo son posibles por la indolencia de autoridades estatales y federales. Como afirmó en una misa, el 24 de enero, la raíz del caso está en el comercio y trata de personas como mercancías: “Son un negocio porque los ayuden a pasar a Estados Unidos y sus familias se endeudan allá. Y dice la gente de Santa Anita que la casa de seguridad de donde los sacaron tenían guatemaltecos”… aseguró el prelado.
Sin lugar a duda, este crimen vuelve a poner a México como un Estado incapaz para proteger a migrantes. Ante la inacción, colusión e incompetencia, principalmente de los organismos de seguridad pública, instancias investigadoras, organismos defensores de los derechos humanos y dependencias migratorias volvemos a padecer hechos que ya no deberían repetirse. Si las redes criminales de trata de personas y tráfico de migrantes existen es porque detrás hay altas autoridades corruptas solapando a grupos rivales
Como bien afirma la enérgica carta de la Red Clamor: “Los hechos que se reportan en Camargo no pueden ser una estadística más de la impunidad y olvido. No debemos perder la memoria histórica de las masacres de San Fernando, Tamaulipas en 2010 y 2011, y en Cadereyta, Nuevo León, en el año 2012: Lo que no se sana se repite”. Y lo que parece repetir es un crimen de Estado.
