CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si hay algún derecho humano cuya defensa ha guiado toda mi carrera profesional, sin duda se trata del derecho a la participación directa en asuntos de interés público. Tras diecisiete años de abogar por el respeto de ese derecho para otras personas, organizaciones y comunidades, por fin he podido ejercerlo en persona.
Como asesor legal de Greenpeace México, participé en el parlamento abierto en torno a la iniciativa presidencial de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica. Sinceramente, sería una enorme desilusión que las mayorías en el Congreso no le cambiaran ni una coma a tal iniciativa, como desea el Ejecutivo federal, pero en lo que culmina ese procedimiento legislativo, al menos se intentaron aportar razones.
No fue tarea sencilla. Hay demasiada polarización entre las posturas confrontadas y demasiada distancia entre las percepciones y versiones respecto de la realidad y el contexto que la iniciativa busca impactar y normar. Además, muchos temas son altamente especializados, o eso me parecieron a mí, que soy una persona común.
Por eso lo que se buscó compartir fueron argumentos constitucionales. Pienso que la Constitución debería ser un referente de identidad para nuestra sociedad. Esa es una de las razones para que sea tan crítico con los gobiernos en turno cuando ansían que el texto constitucional esté a su disposición y su conveniencia política.
Dicho eso, espero que en el Congreso se valore la experiencia que Greenpeace México tiene en el cuestionamiento judicial de la política energética nacional del actual gobierno. No es menor que hasta el momento se tenga una sentencia de amparo favorable contra la Política de Confiabilidad de la Secretaría de Energía, en temas que exceden lo decidido recientemente por la Segunda Sala de la Corte; ni una suspensión definitiva contra el Programa Sectorial de Energía 2020-2024, en varias de sus secciones, en todo aquello que se oponga al fomento al empleo de energías renovables y a la disminución de contaminantes del sector energético.
A propósito de todos esos juicios nos han quedado enseñanzas que quisimos compartir con nuestro Congreso. Hecho eso, destaco los principales argumentos:
Primero, una ley no se puede oponer a los contenidos de nuestra Constitución. Parece obvio, pero a quienes impulsan y respaldan la iniciativa creo que se les escapa. Existen mandatos constitucionales para que todo el sector energético, y la industria eléctrica en particular, esté guiado por la sustentabilidad. Por más que se quiera fortalecer a la CFE, no puede darse la espalda a un desarrollo sustentable, ni ignorar que en la Constitución se ordena el fomento a la utilización de energías renovables para la generación de electricidad y la disminución de sus emisiones contaminantes. Lo cual es coincidente con compromisos internacionales del país, como cumplir las metas del objetivo 7 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Segundo, además del respeto por un medio ambiente sano, nuestra Constitución reconoce otros derechos humanos que permiten incluso a empresas particulares competir en cualquier actividad no reservada expresamente al gobierno, como la generación y comercialización de energía eléctrica. Por supuesto, eso no implica que se les soporten abusos o violaciones a derechos de personas y comunidades.
Tercero, por mucho que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional sean áreas estratégicas a cargo del sector público, deben atender los mandatos de la Constitución. Y no olvidar que ella ordena que las normas que rigen a la CFE son un medio para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas –que no deben oponerse a una transición energética justa y a atender el cambio climático–.
En ese tenor, varias de las reformas propuestas a la Ley de la Industria Eléctrica, si no se cambian, podrán ser impugnadas en sede judicial con altas expectativas de que se declaren inconstitucionales. Por eso, sería mejor buscar alternativas para fortalecer a la CFE, sin olvidar que el Estado mexicano es el primer obligado en asegurar el derecho de acceso a la energía eléctrica de una forma sustentable.
