El INAI es indispensable para garantizar las reglas del capítulo 27 del TMEC en materia de anticorrupción. FOTO: Cuartoscuro
La desaparición del INAI repercutiría en las obligaciones adquiridas en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Si se excluye un organismo protector y garante de los datos personales ya no tendríamos una legislación semejante a la norteamericana en donde hay previsiones para proteger los datos personales en las transacciones, entonces podrían suspender las transacciones electrónicas entre las partes.
Francisco Javier González Vallejo | Politólogo, experto en transparencia, UdeG
En el Artículo 19.8 del T-MEC, se establece la obligación de proteger la Información Personal de los usuarios del comercio digital y la contribución que esto hace a la mejora de la confianza del consumidor en el comercio digital.
No es un solo capítulo, puedes hablar de 18, del 19, del propio 21, pero las referencias entre privacidad, comercio digital, telecomunicaciones, competencia, anticorrupción y transparencia están en varias de las disposiciones del propio TMEC.
Miguel Ángel Mancera |Coordinador del PRD, Senado
El INAI como institución no está contemplado dentro del texto del acuerdo comercial, sin embargo, sí lo está toda la regulación de datos y procesos para obtener información que el INAI salvaguarda.
Si nosotros México como país consideramos cambiar el andamiaje jurídico de manera unilateral en comparación con Estados Unidos y con Canadá seguramente pues vendrán demandas de tipo internacional para cumplir con estas cláusulas.
Juan Raúl Gutiérrez | Mtro.Ciencias Jurídico-Penales, INACIPE
El INAI también es indispensable para garantizar las reglas del capítulo 27 del T-MEC en materia de anticorrupción.
En el capítulo 27, es el capítulo anticorrupción, el INAI forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, en este capítulo se habla de los organismos de las partes para poder combatir la corrupción.
Alejandra Reynoso |Senadora del PAN
Además, transferir las facultades del INAI a la Secretaría de la Función Pública acarrearía un problema de inconstitucionalidad.
No podría el Ejecutivo desde su Secretaría de la Función Pública obligar a jueces magistrados, a diputados y senadores a entregar información.
Francisco Javier González Vallejo | Politólogo, Ex comisionado de Transparencia, UdeG
