CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó aplazar indefinidamente la audiencia en la que pretendía imputar al exsenador Jorge Luis Lavalle Maury por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), señaló que el Juez de Control no fijó nueva fecha para realizar la audiencia.
A pesar de que la audiencia sería virtual debido a las restricciones sanitarias impuestas por el CJF ante el covid-19, las autoridades de la FGR argumentaron razones de sanidad para apoyar el diferimiento de la audiencia, lo cual, fue aceptado por el juez de control.
La información fue confirmada por Lavalle a través de su perfil en Twitter.
En agosto de 2020, 3l exsenador, Jorge Luis Lavalle Maury, fue denunciado junto con otras 69, por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por haber recibido “sobornos” a cambio de aprobar la reforma energética en el contexto de la investigación del caso Odebrecht.
Por ese motivo, el pasado 17 de enero, Lavalle Maury fue citado a comparecer para responder por los cargos que le imputa el extitular de Pemex, quien se encuentra en calidad de imputado desahogando el proceso desde su casa.
«Después de 6 meses de especulaciones y calumnias, la autoridad por fin me ha citado para el próximo 26 de enero. Compareceré formalmente para conocer y evidenciar las mentiras que el delincuente confeso Lozoya ha dicho sobre mi», escribió el exsenador por Campeche en su cuenta de Twitter el pasado 17 de enero. Lavalle, siempre ha negado las acusaciones.
En ese momento, las autoridades del CJF informaron que Lavalle Maury comparecería ante el juez de control Marco Antonio Fuerte, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en donde la Fiscalía lo imputaría por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.
Lavalle Maury sería la primera persona en comparecer luego de los señalamientos de Emilio Lozoya, entre los que también se incluyen al expresidente Enrique Peña Nieto; el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray; los actuales gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; y los excandidatos a la presidencia de la República, Ricardo Anaya y José Antonio Meade.
Por su parte, Rafael Caraveo, secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República -encabezada en ese momento por el mismo Jorge Luis Lavalle-, acusó que el exsenador recibió al menos 25 millones de pesos en sobornos para aprobar las llamadas «reformas estructurales» en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
