CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El primero en tomarle la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la posibilidad de que los estados importen la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 fue el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quien se dijo insatisfecho con la primera fase de la vacunación en su estado, con apenas mil 950 dosis, porque hay 70 mil trabajadores de la salud que la requieren.
“No debe de ser así como se está planeando. Tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios, conseguir la vacuna con mayor velocidad”, dijo después de una ceremonia en el Hospital Militar Regional en Monterrey, donde el 29 de diciembre último comenzó la vacunación al personal de salud de la entidad, .
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“Si el presidente ya dio autorización para que busquemos esa posibilidad (importar la vacuna), lo vamos a hacer”, añadió.
De inmediato, la Alianza Federalista, integrada por 10 gobernadores de oposición, entre ellos Rodríguez Calderón, respaldó el planteamiento: “La #AF suscribe el pronunciamiento del gobernador de #NuevoLeón: debemos estar a la altura del reto, tener la vacuna con mayor velocidad, esforzarnos más (…) No podemos arriesgar la vida de nadie. Por ello la colaboración entre sector público y privado es fundamental”.
El 28 de diciembre el mandatario federal dijo que no se opondría a que los gobernadores importen los antígenos, aunque recordó que existe una reglamentación federal que cumplir, como las autorizaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que ya aprobó el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por las farmacéuticas Pfizer-BioNTech.
También dijo que, al tratarse de un tema de salud pública considerado de seguridad nacional, corresponde al gobierno federal su distribución.
El presidente agregó que la comercialización del antígeno se hará cuando exista la disponibilidad suficiente y la Cofepris emita las autorizaciones para su venta.
Ante el anuncio, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó la posibilidad de que los gobiernos locales apliquen las vacunas, porque, según él, se corre el riesgo de una manipulación.
El 16 de diciembre pasado, al no tener otra alternativa, los gobernadores de la Alianza Federalista aceptaron la decisión del gobierno federal de no permitirles comprar las vacunas.
No obstante, reclamaron que los habitantes de sus estados deban esperar meses para ser inmunizados, y exigieron una estrategia nacional “incluyente y cooperativa”.
También solicitaron que el Consejo de Salubridad General establezca un cronograma con las fases de vacunación por población, criterios de distribución y reparto, protocolos para la conservación de la vacuna en frío, medidas para “prevenir la especulación, captura o uso clientelar y electoral de la vacuna” y garantizar la transparencia de los procesos.
“El gobierno federal ha decidido de forma unilateral centralizar su compra y distribución. Aunque no compartimos la decisión, reiteramos nuestra disposición de coordinar nuestras capacidades para garantizar el acceso universal y no discriminatorio.
“Pero lo que nunca aceptaremos es que ni siquiera se nos informe cuándo y en qué condiciones tendremos acceso a la vacuna”, dijo el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuando leyó la misiva que la alianza le envió al presidente.
Salida al paso
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, defendió la posición del gobierno federal y acusó a los gobernadores de oposición de manipular con fines electorales el tema de la vacunación. Llamó a los habitantes de esos estados a no preocuparse por las vacunas.
“Claro que les va a llegar, como va a llegar a la Ciudad de México en una manera que se ha definido a través de distintos criterios, empezando por los más vulnerables.”
De acuerdo con Sheinbaum, la Secretaría de Salud, cuyo titular es Jorge Alcocer, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, “están desarrollando el plan nacional de vacunación para el país de manera transparente y basada en el conocimiento científico”.
El 10 de diciembre López-Gatell frenó las intenciones de los gobiernos estatales de adquirir la vacuna contra el coronavirus, luego de que días antes García Cabeza de Vaca anunciara que su administración buscaría comprar el antígeno y que sólo requerían la autorización de las autoridades federales.
“En términos legales, la Ley General de Salud estipula en su capítulo octavo, sobre el control y la prevención de las enfermedades, y en especial los artículos 135 y 144, que son facultades del gobierno federal, o de la Secretaría de Salud, organizar las medidas de prevención y control, con la colaboración de las autoridades sanitarias estatales.
“El título décimo establece la acción extraordinaria en materia de seguridad general; existen disposiciones sobre las intervenciones o los grupos que se pueden ejecutar para este propósito. Es decir, no es posible”, detalló el subsecretario.
Según López-Gatell, ese mismo 10 de diciembre la Secretaría de Gobernación convocó a 13 gobernadores para explicarles el plan de vacunación, pero “otros mandatarios” decidieron no asistir, entre ellos García Cabeza de Vaca, por lo que lo llamó a dejar a un lado los individualismos.
Sin embargo, sólo la Ciudad de México (107 mil dosis), Coahuila (17 mil dosis) y Nuevo León (mil 950) han recibido la vacuna que llegó el 24 de diciembre a México.
López Obrador dijo el 29 de diciembre que en enero se vacunará a los trabajadores de salud de 27 estados, pero a la fecha no hay un calendario sobre cuándo llegarán las dosis a cada una de las entidades federativas.
“Van a llegar 53 mil más, se estima que para el 4 de enero (…) Entonces, van a llegar 8 mil 775 más vacunas dedicadas a Saltillo, Coahuila, y el resto a la Ciudad de México para terminar de vacunar a todo el personal de salud de la capital, del Estado de México, Morelos e Hidalgo.”
