FACTOR ENTRE DOS
Por: José Efraín Caballero Sevilla
La dinámica que a últimas fechas ha estado dándose entre las autoridades electorales de nuestro país, hablemos del Instituto Nacional Electoral (INE), y los partidos políticos que son afines a la 4T, deja entrever una relación ríspida y de cierta confrontación, pasando de declaraciones mediáticas a acciones de carácter legal.
Esta situación se ha venido dando, teniendo como antecedente, los señalamientos de diversos actores políticos, ante lo que llaman medidas inequitativas o poco transparentes de quien es el árbitro electoral.
Haciendo un breve resumen, en el año 2018 se firmó un memorándum de cooperación entre el INE y la red social de Facebook, con el que se pretendía eliminar las llamadas “fakes new” el cual posee cláusulas de confidencialidad, lo que resultaría improcedente para una institución que es de carácter público y no privado, y que además presume de ser sujeta al escrutinio público.
Regular la veracidad de la información en redes sociales, pudiera tener un buen fin, aunque cuestionable, pero la pregunta es, ¿porque ocultar las clausulas a los ciudadanos, si todo se hiciere con transparencia y con apego a la legalidad?
Entre este y otros motivos, la desconfianza que se ha venido acrecentando en un sector de la población, ha llevado a cuestionarle el proceder a la autoridad electoral, calificándolo como un elefante blanco, cuando se han presentado denuncias de ilegalidad dirigidas hacia los partidos hoy opositores.
El no actuar en contra de ellos, y, al contrario, tomar medidas con prontitud dando respuesta ante sus demandas, es algo que pareciera manifestar no estar el “piso parejo” para todos.
Recientemente, el INE atendió una queja presentada por el PRD y el PAN, en contra del Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, como consecuencia le ordenó al mandatario no hablar de la contienda electoral que se desarrollará el año entrante, ni que vertiera declaraciones de índole electoral.
El instituto, decidió censurar los comentarios expuestos por el presidente, quien había mencionado que “la alianza PRI, PAN y PRD es muy buena porque se termina con la simulación y la hipocresía” y quedaba demostrado que eran lo mismo.
Ese intento de censura, fue revertido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien revocó por mayoría las medidas cautelares.
El Tribunal mencionó que “la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene atribuciones para emitir una determinación de tutela preventiva, sobre actos futuros, pues constituye un acto de censura previa que viola el principio de legalidad previsto en la Constitución Política”.
El TEPJ, determinó, inclusive establecer una medida de apremio (llamada de atención) al INE por no ajustarse a criterios establecidos con anterioridad, por la Sala Superior.
Posterior a este hecho, el INE se llevó casi de manera inmediata otro duro revés por una situación diferente, al revocársele un “acuerdo” que habían emitido sobre
paridad de género en las candidaturas para gobernadores, con el cual iban a influir directamente en la selección de las candidaturas.
Habían “aprobado” lineamientos para que los partidos políticos registraran al menos siete candidaturas cada uno para mujeres, lo que fue impugnado por el Senado de la Republica, quien acuso al INE de extralimitarse en sus funciones y estar invadiendo competencias que son exclusivas de la cámara alta.
De esta manera, la exigencia de la ciudadanía es mayúscula, al instituto dirigido por Lorenzo Córdova Vianelo, que deberá garantizar elecciones transparentes y trabajar con mayor pulcritud.
Bajo ese argumento de profesionalismo, percibe millonarios recursos públicos, y que, sin embargo, pareciera que el TEPJ tiene que dictarle la plana, para que desempeñe bien su tarea encomendada.
Querido lector tenga un excelente día, nos leemos en la próxima.
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