¿Qué son las empresas factureras?
Son aquellas empresas que emiten facturas de operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. Con estas facturas se pueden aumentar falsamente los gastos de las empresas para disminuir el pago de sus impuestos, con lo cual estarían realizando una defraudación fiscal.
Además, permiten encubrir pagos de actividades ilegales -como sobornos, secuestros, venta de drogas, entre otras-, disfrazándolos de operaciones de compra-venta de bienes y servicios inexistentes.
Estos son algunos de los criterios seguidos por los bancos para detectar operaciones inusuales en sus clientes:
-Proporcionan datos de identificación que resultan inexistentes.
-Modifican sus datos de identificación frecuentemente presentan constantes cambios de domicilio, o no se localizan en los manifestados.
-Varios clientes manifiestan el mismo domicilio.
-Modifican frecuentemente a sus beneficiarios.
-Muestran disgusto o nerviosismo al aplicarles las políticas de identificación y conocimiento del cliente.
-Solicitan ser atendidos por determinado empleado de la entidad sin justificación aparente.
-No demuestra conocimiento de su actividad económica declarada.
-Muestra desinterés por los beneficios o rendimientos a obtener.
-Clientes que manejan sus cuentas a través de terceros sin una relación económica o familiar aparente.
-Operaciones por montos inusualmente elevados en efectivo, sin causa justificada.
-Solicitan discreción en relación con los detalles de la operación, su titular, beneficiario, o motivación.
-Cuestionan a los ejecutivos sobre los reportes de operaciones o realizan actos de intimidación.
-Invierten grandes cantidades de dinero en productos de baja rentabilidad.
-No le preocupa las comisiones por las operaciones realizadas, o el tipo de cambio aplicable.
-Operan en sucursales alejadas de su domicilio de donde desarrollan su actividad.
-Operaciones frecuentes en efectivo por montos bajos, que sumados resultan significativos.
-Pago anticipado de préstamos y/o créditos, que por sus montos no se justifique en relación al perfil o solvencia del cliente.
-Personas físicas o morales que realizan grandes inversiones, cuyos montos no son proporcionales a sus activos, según verificación directa.
La Secretaría de Hacienda ha reforzado en los últimos años su lucha contra los delitos fiscales, con diversos controles.
Y en ese contexto, Tamaulipas es una de las entidades donde las entidades bancarias han agudizado la búsqueda de dinero ilegal que pueda llevar al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La mayoría de las indagatorias que recoge la Unidad de Inteligencia Financiera parten de los reportes que todos los días levantan todos los bancos del país, cuando realizan operaciones consideradas sospechosas.
Esa búsqueda ha permitido a la UIF detectar más de 178 mil operaciones inusuales o relevantes en los bancos de la entidad.
Se trata de transacciones que se diferencian del patrón habitual de los clientes, por el monto o por la frecuencia; o aquellas en las que de manera directa se rebasen los 10 mil dólares en efectivo en moneda nacional o internacional.
La UIF considera a la banca múltiple con una “actividad de alto riesgo”.
Tamaulipas está en la posición 11 en las estadísticas de operaciones inusuales,y al mismo tiempo algunas ciudades como Reynosa y Tampico figuran entre las primeras del país con más “alertas” reportadas.
De enero del 2019 a junio del 2020, en el estado se han reportado 495,833 operaciones inusuales o relevantes, y 21 catalogadas como “operaciones internas preocupantes”, que son aquellas en las que estarían involucrados empleados de la entidad financiera.
A través de este mecanismo, se han iniciado investigaciones que han derivado en el congelamiento de cuentas de diferentes organizaciones criminales.
El otro frente abierto es contra las llamadas empresas factureras: Desde diciembre del 2018, ha identificado a 3,261 empresas en ese supuesto, lo que representa el 33 por ciento de las 9,857 publicadas desde que se creó la lista negra del SAT en el 2014. Tan solo entre enero y septiembre se han añadido 880 contribuyentes.
La llamada Lista Negra del SAT entró en vigor en el 2014 y se sustenta en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en donde se precisa que cuando el fisco detecte que un contribuyente emite facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o comercializar bienes, o bien no se localiza al causante, se presumirá la inexistencia de las operaciones.
Al detectar a estos contribuyentes, el SAT les notifica a través de su buzón tributario y les otorga 15 días para que puedan desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a presumir la simulación de operaciones.
En caso de no presentar los hechos, el fisco determina que las pruebas son insuficientes y se considerará que el contribuyente sí simuló operaciones, se actualizará su situación en el listado mediante el Diario Oficial de la Federación.
Muy pocos, sin embargo, han conseguido demostrar su inocencia; del 2014 a la fecha sólo 287 han desvirtuado y, por lo tanto, han salido de la lista. Estos contribuyentes apenas representan 2.4% de los causantes que han sido publicados.
Otros 689 contribuyentes presentaron litigio al no estar de acuerdo con el SAT y su resolución, los cuales obtuvieron una sentencia a favor y consiguieron salir del listado. Estos contribuyentes representan 5.8% de la lista total.
Además, desde este año, la emisión de comprobantes falsos es considerada delito grave y delincuencia organizada, cuando cumple con ciertas características.
En los últimos dos trienios municipales, diferentes alcaldías han pagado cerca de 300 millones de pesos a empresas identificadas por el SAT como “factureras”, con la descripción oficial de EFOS: empresas que facturan operaciones simuladas.
También la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas ha acelerado la búsqueda de empresas factureras en la entidad.
Recientemente, este organismo anunció que investiga a 122 empresas que operan en la entidad de una manera irregular, porque no se les localiza en su domicilio fiscal, no presenten la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) ni declaraciones anuales.
El titular de la UIFE, Raúl Ramírez Castañeda, explicó que las empresas que están en la lista negra de las que simulan operaciones, se encuentran algunas creadas desde el 2012 y algunas de ellas se encuentran en el padrón de proveedores de diferentes gobiernos.
De las investigaciones que se llevan a cabo en la Unidad, se han integrado 56 expedientes que derivaron en 23 carpetas de investigación por el delito de lavado de dinero.
Las investigaciones son principalmente por empresas factureras, actividades de delincuencia organizada y actos de corrupción de ex funcionarios de gobiernos estatales anteriores, otros servidores públicos, un ex presidente municipal y personas externas al ejercicio público de gobierno.
En ese contexto, se han asegurado 45 inmuebles, 35 cuentas bancarias, solicitado diez asistencias jurídicas internacionales, vinculación con autoridades extranjeras para diligencias de investigación.
Y una Ficha Roja generada por la Interpol contra uno de los probables responsables implicados en una de las 23 carpetas de investigación, la cual corresponde al ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Enrique (C), quien es acusado de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 47 millones de pesos y cuenta con dos órdenes de aprehensión.
Uno de los casos presentados por el titular de la UIFE, es el de un empresario al que se le aseguraron 150 hectáreas y el de un proveedor del municipio de Nuevo Laredo, que no pudo demostrar la prestación de servicios facturados al municipio en la administración pasada, por lo que le determinamos 45 millones de pesos de impuestos omitidos y se aseguraron de manera precautoria, 20 bienes.
Es decir, se trata de compañías que en la mayoría de los casos solo existen en el papel y sirven para desviar cantidades millonarias del gasto público.
En total, este tipo de empresas han emitido 1,950 facturas por obras y servicios prestados a gobiernos municipales de Tamaulipas, con la clara sospecha de que estos nunca se llevaron a cabo.
Tan solo dos de estas “factureras”, cobraron casi 60 millones de pesos en menos de 24 meses a dos municipios: Altamira y Reynosa, durante las administraciones de Armando López y José Elías Leal.
La razón social Tributos del Norte S.A. DE C.V emitió 28 facturas al Ayuntamiento de Reynosa por un total de 32 millones 945 mil pesos.
Y en Altamira, en solo un año -el 2016- la empresa Korstog Global Human Consulting, S.A. DE C.V. generó 111 facturas por la cantidad de 26 millones 239 mil pesos.
Korstog Global Human Consulting, S.A. DE C.V, según su página de internet, se dedica a la consultoría humana, pero no hay registro del trabajo que pudieran haber realizado para el Ayuntamiento de Altamira.
Ambas empresas están catalogadas en los supuestos establecidos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que en algún momento fueron boletinadas en el Diario Oficial de la Federación.
Según el reporte, en el 2019 no hubo facturación para estas razones sociales en los municipios de la entidad.
Sobresale el municipio de Reynosa, uno de los dos con mayor presupuesto del estado; ahí entre el 2014 y el 2016 se facturaron 50 millones de pesos a través de 146 comprobantes fiscales.
La detección de estos casos de aparentes desvíos millonarios a través de empresas fantasma se inscribe en una “cacería” emprendida por el SAT, que se agudizó en los últimos dos años.
POR: STAFF
