Hemos notado que la pandemia ha agravado los riesgos de corrupción, soborno, fraude, comercio ilegal y lavado de dinero, dijo el ICC.Foto María Luisa Severiano
Ciudad de México. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho esfuerzos importantes en materia de combate a la corrupción, pero en dos años no se pueden lograr acciones de forma tajante, dijo la International Chamber of Commerce (ICC), organismo que aseguró que debido a la pandemia del Covid-19 ese mal se pudo agravar en América Latina.
En el contexto del Día Internacional contra la Corrupción, sus representantes en Iberoamérica, resaltaron que es importante acabar con la corrupción con el fin de impulsar el crecimiento económico y la inclusión social.
“Hemos notado que la pandemia ha agravado los riesgos de corrupción, soborno, fraude, comercio ilegal y lavado de dinero que afectan a la sociedad y las empresas”, sostuvieron.
El costo de la corrupción equivale a 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) globalmente, según datos del Banco Mundial, mientras que en América Latina, asciende a 220 mil millones de dólares anuales, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Con dicho monto, ya se podrían haber solucionado la pobreza extrema en Latinoamérica, dijeron.
De acuerdo al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 51 por ciento de la región considera a la corrupción como el principal problema que afectaba a la región antes de la pandemia, agregaron.
“Esta situación, se podría haber agravado por la necesidad de que las compras para paliar el Covid-19 se realicen utilizando métodos más ágiles y directos, por fuera de los controles habituales”, mencionaron.
Diego Sierra, presidente de la Comisión Anticorrupción del organismo en México, explicó que el gobierno del Presidente ha hecho importantes esfuerzos para combatir dicho mal en México. Sin embargo, subrayó que dos años no son suficientes para erradicarla.
Los representantes de ICC hicieron un llamado a los gobiernos de la región latinoamericana para adoptar mecanismos y políticas públicas que refuercen la integridad en las operaciones del Estado, tomando en cuenta que las prácticas corruptas debilitan la economía, demeritan la competitividad nacional y ahuyentan la inversión extranjera.
El organismo recomendó a los gobiernos iberoamericanos, la implementación de las medidas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), promovidas durante la pandemia, para incentivar la integridad durante los procesos de contratación pública.
