CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) falló por tercera ocasión en su intento de inhabilitar a la empresa Cyber Robotic Solutions, propiedad de León Bartlett Álvarez, por lo que esa compañía, que vendió ventiladores a sobreprecio al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), podrá seguir participando en licitaciones del gobierno federal.
En cumplimiento de una sentencia emitida por una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la Función Pública publicó este lunes la resolución en la que se le ordena dejar sin efecto la inhabilitación por un año nueve meses que le había impuesto a la empresa de León Bartlett, hijo del actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.
El fallo lo dictó la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del TFJA, con el argumento de que la inhabilitación impuesta a Cyber Robotic Solutions no obstaculiza el interés público o social.
Además, los magistrados de la Sala consideraron que la medida cautelar que inscribía a la citada empresa en el registro de empresas sancionadas afectaba el derecho del gobernado a su “buena imagen personal y profesional”, por lo que la inhabilitación sólo podrá dictarse al término de todo el proceso jurídico en caso de que haya elementos de prueba.
“Tomando en cuenta que dicho registro definitivo o inscripción puede afectar irreversiblemente el derecho del gobernado a su propia imagen, en el ámbito personal y profesional, lo que es de mayor peso que el interés consistente en registrar, para efectos administrativos, transitorios y meramente preventivos, la sanción temporal impuesta; el registro para tales fines puede esperar a la firmeza de la resolución sancionatoria respectiva”, precisa el extracto del fallo.
Por lo anterior, la Sala Regional del TFJA resolvió que era procedente suspender de forma definitiva la inhabilitación impuesta a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, dejando sin efecto la resolución dictada por la Función Pública el pasado 26 de agosto y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de agosto.
«En el caso es procedente el otorgamiento de la medida cautelar consistente en dejar sin efectos la publicación de fecha 31 de agosto de 2020, en el Diario Oficial de la Federación de la circular 16/2020 relacionada con la sanción de inhabilitación impuesta en el expediente administrativo SAN/036/2020, de la Secretaría de la Función Pública”, señala el resolutivo.
Otro argumento del fallo es que crea un perjuicio de difícil reparación para la empresa e imagen del afectado, a pesar de que todavía no se concluye el proceso jurídico para lograr una sanción.
Incluso, la sentencia publicada hoy en el DOF cita una jurisprudencia relativa a las sanciones que se le imponen a los servidores públicos, a pesar de que León Bartlett no tiene esa calidad, argumentando que se podría causar “un daño de imposible reparación” a esa compañía.
“En consecuencia, tratándose de inscripciones que hayan sido efectuadas por la autoridad correspondiente, la suspensión debe tener el efecto de ordenar eliminar dicha inscripción de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Federal de procedimiento Contencioso Administrativo”.
La sentencia favorable a Cyber Robotics Solutions fue notificada a la Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad de la SFP, así como a la Unidad de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones, y a la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, desde el pasado 8 de diciembre, pero hasta el día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
La inhabilitación a la empresa del hijo de Bartlett fue por falsificar el cumplimiento de sus obligaciones patronales ante el IMSS, ya que supuestamente enfrentaba adeudos de cuotas a ese organismo.
Previamente, la Función Pública tampoco había podido mantener otras dos inhabilitaciones dictadas a Cyber Robotics Solutions por incumplir con la venta de 20 ventiladores mecánicos para ser utilizados durante la emergencia sanitaria por covid-19, contrato que le costó al IMSS más de 30 millones de pesos.
Sin embargo, las inhabilitaciones dictadas por la SFP el pasado 6 de julio de 2020 también fueron revocadas por fallos del propio TFJA.
