Regeneración 26 de diciembre de 2020. Desde el sexenio de Zedillo hasta el de Peña Nieto, Pemex se ha utilizado para comprar la mayoría accionaria o participar en 90 empresas filiales en territorio nacional y en el extranjero con severos problemas financieros o en bancarrota.
Ninguna de ellas es fiscalizada por la ASF por lo que la oposición presentó una iniciativa de reforma para que se revisen las filiales.
Dicha propuesta la elabraron representantes del PRI, PVEM, PRD y Movimiento Ciudadano.
Propone modificar el artículo 58 de la Ley de Pemex, con objeto de otorgarle a la ASF revisar las actividades de esas empresas.
Durante cuatro sexenios se usaron firmas offshore del extranjero que realizan operaciones que no están reguladas en México.
Los movimientos que realizan no tienen respaldo de alguna institución para enfrentar obligaciones fiscales.
Con la iniciativa turnada a la Comisión de Energía en San Lázaro se contempla ampliar la competencia de la ASF para que se fiscalicen las empresas filiales en las que Pemex participe directa o indirectamente en más de 50% de su capital social.
Para 2017, el número de filiales de la petrolera sumaba 90
Un año después y hasta el mes de diciembre la administración de EPN operó la venta de 29 para heredar al nuevo gobierno 61 de esas empresas.
A finales de 2019, Pemex aún era propietaria de 58 y se contempla que esa carga para la petrolera no exista al final del actual sexenio.
La propuesta resultaría así: “la Auditoría Superior de la Federación será competente para fiscalizar a Petróleos Mexicanos, a sus empresas productivas subsidiarias y a las empresas filiales sobre las que tenga control sobre sus decisiones o acciones, en términos de las disposiciones constitucionales y legales respectivas”.
