FACTOR ENTRE DOS
Por: José Efraín Caballero Sevilla
Es de gran importancia para el interés general del país, el llevar a la practica el principal compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador, realizado desde la campaña electoral, que es acabar con la corrupción.
Los 50 puntos del plan de austeridad y anticorrupción, expuestos al inicio de su mandato, han gozado de un alto impacto en el ejercicio administrativo de las instituciones y sus operadores.
Primeramente, la modificación del artículo 108 constitucional, mediante el cual al Presidente se le retira el fuero constitucional, para poder ser enjuiciado por actos de corrupción, ha sido un mensaje muy claro y un golpe de autoridad sobre la mesa para los gobernadores, munícipes y funcionarios de los diferentes niveles de gobierno.
A su vez, la procuración de justicia estaba sujeta en el pasado, a las órdenes del ejecutivo, quien impedía llevar a proceso a sus allegados. Actualmente mediante una reforma impulsada desde la presidencia, anunciada en el punto tres del plan anticorrupción, se cuenta ya con una fiscalía autónoma, que busca llevar ante las instancias de impartición de justicia, a quienes se les vincule con pruebas en actos de corrupción.
El someter a diversos funcionarios y actores políticos, a procesos judiciales, como quienes mediáticamente son conocidos, manda una señal de advertencia a los funcionarios actuales.
Otros de los compromisos que se enmarcan en el plan, es erradicar el tráfico de influencias, además el punto cinco y seis donde ya se consolidaron fiscalías electorales y de anticorrupción.
La conocida frase acuñada por el presidente “La corrupción se barre como se barren las escaleras, de arriba para abajo” hace ver la necesidad de denunciar a quienes estén haciendo mal su labor como servidores públicos, ya que este mal es solapado principalmente por los altos funcionarios a sus subordinados.
Cabe señalar que la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizó 1,702 sanciones que van del primero de septiembre de 2019, al primero de junio del presente año, a 1,458 funcionarios públicos federales.
La cifra se ha elevado en 2020, en un trece por ciento con respecto al año anterior, haciéndose notar que la cultura de la denuncia y sanción se está dando en mayor medida.
En cuanto a proveedores que no cumplen contractualmente, en el primer año y medio de la actual administración, se impusieron más multas que nunca de parte del gobierno federal, llegando a la cifra de mil 458 millones de pesos en los últimos meses a contratistas.
En la misma rubrica, trasciende que una de las instituciones federales que más han sufrido el flagelo de la corrupción, es el IMSS, donde se han venido dando licitaciones con empresas de dudosa reputación, o a sobre costos de materiales e insumos médicos, además del robo de estos dentro de la institución.
Fue noticia nacional en este año la sanción que se le dio a León Manuel Bartlett Álvarez por la venta de equipo médico defectuoso y a sobre costo en el IMSS de Hidalgo, por lo que también fue removida por tal motivo la ex Delegada Claudia Díaz Pérez.
Trasciende en los medios de comunicación, que quien llegó a esa Delegación posteriormente a ocupar un cargo de mediano nivel, es el ex Delegado de Tamaulipas Fernando “L”, quien está siendo sujeto a una investigación, por presuntos actos de corrupción en su paso por estas latitudes, donde ya se habían dado señalamientos públicos por el personal del IMSS.
La SFP informa que entre 2019 y 2020 se han destituido a 63 malos servidores públicos e inhabilitado a 603 integrantes de la llamada 4T, dando ejemplo de combate a los corruptos y la intención de erradicarlos del aparato federal, cosa que deberían de hacer muchos Estados, ni más ni menos,
Querido lector tenga un excelente día, nos leemos en la próxima.
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