La Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas reportó en septiembre 54 nuevos casos de presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos, para sumar en el año 317, pero hasta ahora la gravedad de esos ilícitos y la identidad de los investigados o inculpados están en la opacidad, porque esos datos siguen sin conocerse pese a ser considerados por ley delitos vinculados a corrupción.
Las denuncias penales contra burócratas de diversos niveles en el Estado, municipios y organismos autónomos siguen a la alza; sin embargo, en la estadística oficial mensual que da a conocer el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, alimentada precisamente por la FGJ, sólo se puntualizan cifras. En enero 37 denuncias recibidas, 43 en febrero, 52 marzo, 27 en abril, 25 en mayo, 19 en junio, 27 en julio, 33 en agosto y 54 en septiembre.
El apartado de delitos cometidos por servidores públicos se integra al apartado de delitos contra bienes jurídicos afectados.
En el terreno legislativo, en Tamaulipas se tiene armonizado el Código Penal del Estado con el Federal, estimando adecuado cambiar la denominación del título de delitos cometidos por servidores públicos para establecerse como Delitos por hechos de Corrupción, que implica posibles daños a bienes estatales o municipales. En ese sentido, se precisa que es servidor público quien desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública del Estado y Municipios.
Se agrega en esa categoría a funcionarios de organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, de fideicomisos públicos en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso del Estado o en el Poder Judicial, así también a quien maneje recursos económicos estatales.
