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Documenta la ASF cúmulo de estafas en el Seguro Popular

Roberto Garduño y Enrique Méndez 

Edificio de la Auditoría Superior de la Federación. Foto ‘La Jornada’
El desaparecido Seguro Popular concluyó con deficiencias en su operación, entre las más relevantes la del Fideicomiso Contra Gastos Catastróficos no contó con la integración de los beneficiarios de 95 mil 445 intervenciones financiadas y sólo proporcionó la base de datos de 58 mil 950.

Los datos se refieren a 2018 y, en la presentación del informe de resultados de la Cuenta Pública 2019 entregado ayer a la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que las debilidades halladas en el control interno de la extinta Comisión Nacional de Protección en Salud, hoy Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) continúan.

“No se proporcionó evidencia de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del estatuto orgánico ni de los avances de la estructura orgánica, de los manuales de organización y procedimientos del Insabi.”

Agregó que las reglas de operación del que a partir de 2019 es el Fondo de Salud para el Bienestar se encontraban en proceso, hasta agosto, de obtener la opinión por parte de la Secretaría de Hacienda y de la autorización del Comité Técnico del fondo, no obstante de que concluyó el plazo establecido.

Entre las irregularidades que se heredaron del Seguro Popular, la ASF señaló: No se contó con evidencia de la aceptación y comprensión del Código de Conducta de la comisión y tampoco se consideran los riesgos en la operación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (hoy Fondo de Salud para el Bienestar). De manera específica, no se proporcionó evidencia de la pla-neación estratégica y de la matriz de riesgos en el registro, validación, autorización y seguimiento del trámite de pago de las intervenciones financiadas; la información de las intervenciones autorizadas, pagadas y por pagar no está integrada en una sola base dedatos, lo que representa riesgo de errores de cálculo y pérdida de la información, y, finalmente, no contó con un procedimiento para la supervisión de la operación.

La auditoría explicó que la anterior comisión no contó en 2019 con la integración por beneficiario de 59 mil 571 casos de intervenciones con estatus de pagado y sólo proporcionó la base de datos de las que fueron autorizadas de manera global para su liquidación.

Además, no se formalizó el acta de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Convenio Modificatorio formalizado con la Fundación de Cáncer de Mama.

Al mes de agosto, el Insabi tenía pendiente de transferir a las unidades médicas y prestadores de servicios médicos 12 mil 726 intervenciones por 324 millones 731 mil 600 pesos.

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