La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral estimó un gasto adicional de mil 499 millones mdp para la realización de la Consulta Popular
Regeneración, 27 de octubre de 2020. La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) estimó un gasto adicional de mil 499 millones 392 mil 669 pesos para la realización de la Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes.
La propuesta de presupuesto para la consulta se someterá a consideración del Consejo General del Instituto.
Los recursos serían solicitados por el INE a la Cámara de Diputados “para su análisis e integración en el Presupuesto de Egresos del Instituto”.
Lorenzo Córdova indicó que es “una cifra mucho menos a loa 8 mil millones de pesos que cuesta realizar un proceso electoral de principio a fin”.
El gasto se distribuirá en cuatro rubros correspondientes a las cuatro áreas del Instituto que se involucran directamente en la organización del proceso de consulta.
El Instituto señaló que se instalarían 104 mil 667 casillas que recibirán hasta mil 500 electores cada una.
También se integrarían las Mesas Directivas de Casilla con un número menor de personas; tres en lugar de seis funcionarios, además recurrir a los ciudadanos ya capacitados para al Jornada Electoral del 6 de junio.
Esto permitirá generar ahorros al no tener que capacitar de nuevo a los funcionarios de casilla.
Otra medida de horro sería reutilizar los cuadernillos impresos con la Lista Nominal de Electores del 6 de junio, imprimiendo sólo las adendas de aquellos que cumplan 18 años entre el 7 de junio y el 1 de agosto de 2021.
Córdova indicó que “se está proponiendo realizar los cómputos distritales conforme vayan llegando los paquetes electorales disminuyendo así en dos días los trabajos del Instituto».
«Además no será necesario la realización de un programa de resultados preliminares”.
La pregunta que se realizará a los ciudadanos será:
“Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.
