PABLO GÓMEZ
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fideicomiso es un mecanismo de administración. Las clases propietarias lo inventaron para proteger el patrimonio acumulado o simplemente administrar herencias. Ahora se usa para realizar algunos negocios, especialmente inmobiliarios. Por otra parte, algunos gobiernos rompen sus propias estructuras mediante fideicomisos como forma de repartir fondos y mandos sobre los mismos.
En México los fideicomisos públicos se han usado para muchas cosas, entre ellas la de quitar responsabilidades directas mediante la asignación de un fondo para atender ciertas obligaciones oficiales sin tener que dar la cara. También se han utilizado para crear islotes administrativos en favor de determinadas personas allegadas al poder. Bajo el Estado corrupto, los fideicomisos eran parte de lo mismo en alguna medida.
El rey de los fideicomisos era uno de carácter privado, sí, privado, no hay error; creado por una ley, sí, por una ley, tampoco hay error. Se llamó Fondo Bancario de Protección del Ahorro, mejor conocido como Fobaproa. Este instrumento administraba cuotas de los bancos por parte de administradores nombrados por la Secretaría de Hacienda, los cuales tenían plena personalidad y capacidad jurídica para asistir a los bancos. Llegada la gran crisis del “error de diciembre” suscribió obligaciones públicas reconocidas inconstitucionalmente por el gobierno federal (Ernesto Zedillo) en favor de bancos privados por la friolera de 100 mil millones de dólares. El PAN terminó apoyando todo el esquema. Aún se pagan anualmente los intereses de esa deuda.
Han existido muchos fideicomisos, la mayoría de los cuales son hoyos negros que tienen a su cargo ciertas funciones, desde pagar pensiones, indemnizaciones, ayudas, promociones, anuncios, etc., hasta hacerse cargo de muy importantes objetivos como la atención a las zonas en desastre natural. Éste, el Fonden, debe más de lo que tiene y nunca ha logrado atender por completo ninguna emergencia. El gobierno federal sigue realizando todavía, pero directamente, obras de reconstrucción relacionadas con los últimos terremotos.
Los fideicomisos son también maneras de privatizar fondos públicos para ciertas actividades que podrían ser llevadas a cabo por el gobierno. Por lo regular, son dirigidos por personas nombradas por los funcionarios para asumir funciones que en realidad son de carácter público.
Lo que ahora se discute en el Congreso no es el objeto del gasto, sino la forma de canalizarlo, es decir, usar o no fideicomisos para los destinos que hasta ahora han sido cubiertos por esa anómala forma de administración pública.
La forma de analizar este asunto por parte de las oposiciones es que al eliminar los fideicomisos desaparecerá también la asignación de recursos. Sin embargo, no existe base alguna para suponer tal cosa. Los fondos hacia cultura, ciencia, tecnología, protección de personas, pensiones, promociones, etc., no se van a suspender con la eliminación de los fideicomisos. Se trata de regularizar la administración pública conforme a un solo sistema de asignaciones y gastos, con los necesarios controles y, ante todo, con la debida responsabilidad directa de los gobernantes.
Además, en realidad nada justifica contar con recursos inactivos depositados en bancos, con los cuales éstos compran valores del mismo gobierno.
Las oposiciones y algunos aliados de la 4T están pidiendo que se analice uno por uno de los fideicomisos, lo cual es imposible hacerlo en el Congreso porque una de las características de éstos es su opacidad. Además, lo que en realidad se está proponiendo es superar esa forma de administración.
Luego vendrán nuevas disposiciones administrativas y algunas de carácter legislativo para dar nuevo orden a las actividades que hasta ahora han estado a cargo de esas administradoras de fondos públicos. Esto se hará sin interrumpir pagos y otras obligaciones ya contraídas.
Los fideicomisos tienen sentido, en algunos casos, cuando se realizan obras o programas que tienen día de inicio y de terminación, para evitar la convergencia desordenada de diferentes dependencias, o cuando se administran grandes ingresos provenientes de terceros que se convierten en patrimonio público o social, con el fin de dar cuenta exacta a los aportantes.
El gobierno federal, sin embargo, se fue convirtiendo en un inventor compulsivo de fideicomisos públicos, es decir, de formas de administración de recursos de origen presupuestal que eran manejados como casa aparte y con reparto de utilidades. Tenía que llegar el día en que todo eso fuera desmontado.
Los mejores críticos que puede tener la 4T son quienes exigen que se cumplan los ofrecimientos, como este en materia de fideicomisos, y se avance aún más lejos en la transformación de la vida pública de México.
