CIUDAD DE MÉXICO (apro). – En defensa de la extinción de fideicomisos, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que lejos de cancelar apoyos tendrán una dispersión más rápida, pues la Tesorería de la Federación será la que haga las transferencias directas evitando la triangulación.
La explicación del funcionario incluyó ejemplos como el Sistema Nacional de Investigadores que tiene transferencia directa de recursos a los beneficiarios, en contraste con los casos de los fondos como el de creadores, en el que los recursos se transfieren a un fideicomiso y de ahí a los beneficiarios. La clave: el ahorro en los gastos de operación y el subejercicio de un fideicomiso.
El asunto fue abordado durante la conferencia de prensa presidencial, donde la presencia de Herrera fue para presentar un plan de obras con la cúpula empresarial pero que, en la sesión de preguntas y respuestas, debió intervenir para explicar los cambios que la administración se propone al extinguir fideicomisos que dependen del Ejecutivo, así como aquellos que existen por ley y que mantiene el debate encendido en la Cámara de Diputados desde la semana pasada.
Una diferencia destacada hoy por Arturo Herrera fue el subejercicio, es decir, aquellos recursos asignados que no se gastan. En el caso de los fideicomisos, dichos recursos se quedaban en las cuentas, en tanto, bajo el nuevo mecanismo que se propone, estos serán ejercidos.
Además, el secretario de Hacienda negó que exista una intención de manejo discrecional, es decir, “a capricho” del gobierno, con la operación directa de recursos. De hecho, aseguró que se prestaba más a mal manejo en la figura de los fideicomisos, donde las asignaciones dependen de un comité técnico, mientras que en la operación directa se rigen por reglas de operación, sujetos a normas de transparencia.
La propuesta presidencial de extinguir fideicomisos ha causado inconformidad en distintos sectores, especialmente del ámbito académico y artístico, pues los recursos que se operan a través de esa figura jurídica permiten ordenar además de los recursos públicos las donaciones, establece garantías de someter a concurso la asignación para los beneficiarios, entre otros reclamos, relacionados con la concentración del manejo presupuestal por el Poder Ejecutivo.
