Regeneración, 14 de septiembre, 2020. Mujeres víctimas de tortura sexual durante los operativos policiacos en San Salvador Atenco en mayo de 2006 denunciaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha obstaculizado las investigaciones.
Las víctimas señalan que la Fiscalía del estado se ha negado a dar la competencia del caso a la justicia federal y se esta impidiendo el cumplimiento de la sentencia contra el Estado mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dos de las once sobrevivientes a la tortura sexual, acompañadas de abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) indicaron que el pasado 8 de julio promovieron un juicio de amparo contra la Fiscalía Estatal exigiendo que la investigación sea unificada a la Fiscalía General de la República (FGR).
Señalaron que al tratarse de un “operativo policial conjunto federal-estatal corresponde la competencia al fuero federal sobre la totalidad de los hechos.
La sentencia de la CIDH acreditó que las víctimas sufrieron delitos a manos de agentes federales y estatales. En la resolución del tribunal regional se indica que “la violencia sexual sufrida por las once mujeres no fue aislada, sino que se enmarca dentro de un patrón que se dio a lo largo de todo el operativo”.
Reparará daño Estado Mexicano a mujeres víctimas de Atenco
Stephanie Brewer, integrante del equipo legal del Centro Prodh recordó que la FGR notificó a la Fiscalía del Estado de México para atraer el expediente; sin embargo, la instancia estatal no contestó el requerimiento.
En mayo pasado, la Fiscalía estatal señaló que la instancia federal no tiene ninguna relación con los hechos, pues las distintas corporaciones policiales cometieron delitos de forma separada.
“No estamos dispuestas a ceder ni un milímetro de la aplicación y cumplimiento de la sentencia de la CIDH, porque no se trata sólo de nosotras sino de todas las mujeres del país que la buscan”, comentaron Italia Mendez y Norma Jímenez, víctimas del caso.
Las abogadas de las víctimas expusieron que la investigación penal abierta en el Estado de México cuenta con un serie de deficiencias que han impedido el acceso a la justicia.
El juicio de amparo promovido por las mujeres fue admitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca.
Si el juzgado le da la razón a las mujeres, la Fiscalía local podría apenar y presentar un recurso de revisión, pero las víctimas podrían hacer lo mismo si se les niega el amparo.
Ante dicha situación se prevé que el caso termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
