Por Oscar Díaz Salazar
La congruencia no es una cualidad que distinga al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien una vez más nos demuestra no estar dispuesto a dar a los ayuntamientos el trato equitativo y justo como el que demanda al gobierno federal.
Celoso de las facultades, atribuciones, derechos y sobre todo del dinero que le debe «enviar» la federación al estado, Cabeza de Vaca no predica con el ejemplo, al invadir las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, le reconoce en exclusiva a los Ayuntamientos.
En un «acuerdo» político con la presidenta municipal de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, se hizo del control de la COMAPA de Reynosa, una institución que fue el botín principal que provocó su pleito con él exgobernador Eugenio Hernández Flores.
Mantiene bajo el dominio del gobierno estatal el control de la COMAPA de Río Bravo, de la zona conurbada (Tampico y Ciudad Madero) y de facto las de Ciudad Victoria y Altamira, en plena contradicción de sus predicas municipalistas, que lo llevaron a pelear legalmente, vía controversia constitucional, el control de la hoy empresa paramunicipal a cargo del manejo del agua potable y las aguas residuales en Reynosa.
Hace pocos meses, el gobernador Cabeza de Vaca «convenció» a varios presidentes municipales para que firmaran sendos convenios de coordinación a fin de facultar a la Secretaria de Finanzas del gobierno estatal para el cobro del impuesto predial, una contribución que es (casi) la fuente única de recursos frescos y directos para las haciendas municipales.
Sus convicciones municipalistas, -que solo las tuvo el tiempo en que fue presidente municipal- no fueron suficientes para devolver al ayuntamiento de Nuevo Laredo el control y los recursos económicos del puente internacional construido por iniciativa y recursos de un gobierno municipal, y que en un mal día fue cedido a otro gobernador, tan voraz como el actual.
Con interpretaciones convenencieras de diversas leyes, códigos y reglamentos ha invadido facultades de los ayuntamientos, lo mismo en materia de uso de suelo, licencias de funcionamiento, tránsito, fraccionamientos, policía, ecología, etc.
De ese abuso de poder y autoridad, de esa soberbia para pensar que todo lo puede y que no hay más autoridad que la suya, tampoco escapan las autoridades federales, a las que fiscaliza, usurpa, atosiga, critica, señala y acusa por lo que hacen y por lo que a su criterio son omisiones. Así lo vemos con las aduanas alternas o retenes ubicados a pocos metros de los recintos aduanales. Así ocurre con los retenes ubicados a la salida de las ciudades para verificar que no se trafique guachicol (sin su permiso). Así sucede con los retenes que instaló en los puentes internacionales, en donde personal no capacitado, -de diversas dependencias estatales, sin entrenamiento, ni aptitudes- determina quién entra y a quien le niegan el ingreso al país, esto con el pretexto de cuidar a la población de contagios de covid 19.
El impuesto a las energías fósiles creado por Cabeza de Vaca, tiene esa misma lógica de suponer que solo sus chicharrones truenan y de no reconocer que existen límites y diversas atribuciones entre niveles y órdenes de gobierno
Lo más reciente en esta racha de abusos de autoridad, usurpación de funciones e invasión de tareas y responsabilidades, es el decreto mediante el cual asume el control de la policía y el tránsito del municipio de Matamoros.
El pretexto para tomar esa medida, fue la omisión de esas corporaciones de participar en el operativo de las policías estatales para «revisar» a los prestadores de servicio de transporte público o taxistas. Este mismo argumento fue expuesto para quejarse amargamente, ante la población, porque la Guardia Nacional no atendió la petición de apoyo de las policías estatales… Claro está que Cabeza de Vaca no come lumbre y no expedirá un decreto para asumir el control de la Guardia Nacional y de todas las corporaciones que dependen del gobierno federal, que por cierto tienen instrucciones de no intervenir en conflictos de carácter social, ni reprimir a la población civil cuando protesta contra la autoridad.
A juzgar por las decisiones del gobernador Cabeza de Vaca, parece que ya perdieron vigencia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Tamaulipas y las leyes que de estas emanan, normas jurídicas que el gobernador protestó cumplir y hacer cumplir. La única ley que el mandatario estatal reconoce, aplica, reforma, deroga, adiciona, amplia y hace cumplir, es la Ley de Herodes.
