10 de Septiembre de 2020
El mundo al revés. La CNDH, encargada de vigilar y proteger los derechos humanos, se mantiene tomada indefinidamente por las víctimas de feminicidio para hacerse visibles y atraer la atención de las autoridades. El contrasentido de las cosas cuando pasan a ser lo contrario de lo que son. Parece un desvarío, pero deja ver con nitidez que las mujeres no tienen un lugar en las prioridades del gobierno de López Obrador, porque sus causas no caben en el proyecto de la 4T, a pesar del compromiso con la igualdad en el mapa de la inseguridad nacional. Si no fuera así, ¿podría sostenerse Rosario Piedra al frente de la CNDH con esta crisis de su gestión, ya impugnada desde el origen en su elección?
La rebelión inédita de las mujeres vuelve a escalar con la ocupación, la semana pasada, de la CNDH del Centro Histórico, como el movimiento de oposición más fuerte que tiene enfrente el gobierno. Son hoy la expresión más radical de la lucha social, tanto como el movimiento con menor espacio propio en su proyecto de transformación. Su presencia es referencia genérica de los principales programas presidenciales, como beneficiarias “mujeres” de apoyos sociales o de las jóvenes en Construyendo Futuro, sin políticas públicas específicas para responder a sus demandas de género de no más violencia, trabajo y equidad.
Así, los colectivos que tomaron la CNDH para convertirla en refugio para las víctimas expresan, con su actuación, una crisis de las instituciones, particularmente de los órganos autónomos y demás encargados de cuidar y atender la violencia contra ellas. A través de sus reclamos reflejan la creciente centralización de funciones de la administración pública bajo la égida presidencial y el consecuente debilitamiento de los órganos especializados de derechos humanos. Es el caso de la CNDH, visiblemente deshabilitada para proteger a las víctimas, y a las mujeres en particular, porque el Ejecutivo no las considera una necesidad de su administración. El Estado deja de prestarles atención porque se contrae a la visión y urgencias del Presidente. Ahí el fondo de su reclamo, la ausencia de sus causas en la narrativa presidencial, de la política pública, del presupuesto y hasta el diálogo con las autoridades. Aunque la protesta abra una mesa con Gobernación, una dependencia sin fuerza para la conducción de la política interior.
La política pública está en el discurso presidencial, no en las instituciones, vienen a decir los colectivos feministas. Pero en sus pronunciamientos han alcanzado sólo tres menciones, una de ellas para descalificar su movimiento y otro para reprenderlas por su línea directa de acción en la calle y oficinas públicas. Aun así han logrado estremecer las estructuras gubernamentales, aunque sin respuesta para apagar su indignación y desactivar su belicosidad: protestas, marchas, plantones, performances en monumentos históricos y, la última, pintarrajear cuadros de personajes históricos en la CNDH, bajo la justificación de que su actuar es proporcional a la violencia que reciben. En el país es asesinada, en promedio, una mujer cada dos horas cada día y el feminicidio se ha incrementado 7.7% con López Obrador, aunque el Presidente apela a sus “otros datos” para negar el problema y, con frecuencia, acusar manipulación de sus adversarios “conservadores” en el movimiento. Con ello no hace más que atizar la rabia de las mujeres, que constatan su diagnóstico sobre la indolencia, omisión y negligencia de la autoridad como fuente de las agresiones.
En ese mundo al revés, la CNDH ha entrado en el paquete de la impunidad que reclaman al gobierno por la violencia de género. Las paristas han declarado la ocupación indefinida para visibilizar la política de oídos sordos a las voces de las víctimas y presionar a la CNDH a emitir recomendaciones al Ejecutivo para activar la atención de la FGR, Conavim y Gobernación a la violencia como asunto de seguridad interior. Desde que llegó Piedra no ha emitido recomendaciones a las dependencias y su inmovilidad confirma la impugnación de su nombramiento y ahora la petición de su renuncia. Pero la confrontación no se resolverá sólo con su dimisión, porque el reclamo de fondo —como señaló la diputada Martha Tagle en el Congreso— es la inutilidad del diálogo si el Estado gira en torno al Presidente y las mujeres no figuran en su agenda.
