ColumnasPolítica

Autoridades electorales bajo fuego.

Por: Salvador García Soto.

En un adelanto de lo que será el año electoral 2021, con toda su rudeza e intensidad en la lucha por el poder, apenas lleva una semana de iniciado el proceso comicial en marcha y los árbitros y juzgadores electorales enfrentan una andanada de ataques, denuncias y descalificaciones de los actores políticos. Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resisten el embate de dirigentes y partidos políticos de contentillo que descalifican con visceralidad a las autoridades cuando éstas aplican la ley y sus fallos no favorecen a sus intereses.

De un lado está el INE, que además de haber tenido que aguantar una embestida permanente desde la Presidencia de la República y de la llamada 4T para intentar minar su autoridad y controlar su autonomía, ahora se enfrenta también a la diatriba y la descalificación de los opositores al sistema a los que les negó registro como partidos políticos, al mismo tiempo que desde el gobierno mantienen el asedio constante a la actuación de sus consejeros electorales y particularmente de su presidente Lorenzo Córdova.

Y ahora, las baterías políticas se enfocan hacia el Tribunal Electoral, cuyos magistrados tendrán que resolver no sólo las impugnaciones a las negativas de registro de nuevos partidos, sino los muchos recursos de impugnación y quejas que genera el partido Morena que, con sus constantes pleitos internos y su incapacidad de llegar a acuerdos entre sus grupos y dirigentes, se ha convertido no sólo en un generador constante de denuncias y casos para el TEPJF, sino también en una fuente de tensión y ataques contra el trabajo de los magistrados.

En este fin de semana, a la máxima instancia electoral del país le dispararon desde dos frentes: por un lado el diputado Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, lanzó una grave acusación de “sobornos multimillonarios” que según el legislador fueron pagados a los magistrados —de los que no identificó nombres— a cambio de fallar a favor de varios recursos de impugnación interpuestos por sus propios compañeros morenistas; y por otro lado el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala presentaron sus impugnaciones en contra de la decisión del INE de negarle el registro a México Libre y que tendrán que resolver los magistrados electorales.

En el caso de Morena, se trata de 5 recursos de impugnación que, por decisión del presidente del TEPJF, Felipe Fuentes Barrera, fueron pospuestos para discutirse y resolverse esta semana, bajo el criterio de optimizar la resolución de los casos previos, según el acuerdo general 6/2020 que le otorgó esa facultad al magistrado presidente para ordenar y optimizar los tiempos y casos de discusión urgente para eficientar el desempeño del Tribunal en tiempos de la pandemia del Covid. Sin embargo esa decisión fue cuestionada por los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora que cuestionaron la posposición de cuatro de los asuntos relacionados con Morena, cuyos proyectos de resolución ya tenían listos, y de ahí surgió el rumor de supuestos “sobornos” sugeridos por los dos magistrados y retomados por Porfirio sin aportar ningún elemento probatorio.

En cuanto a la discusión del recurso de México Libre, presentado ayer por Calderón y Zavala, la queja será turnada al magistrado José Luis Vargas Valdez para que presente el proyecto de resolución y aún cuando apenas empieza la discusión en el Tribunal Electoral, el asunto ya provoca jaloneos y tensiones. De entrada un abogado de nombre Luis Alberto Morales presentó el viernes pasado una petición de “Impedimento en contra del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón”, en la que le pide a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral que el mencionado magistrado Reyes Rodríguez “debe excusarse o bien declararse impedido” para intervenir en la discusión y votación del recurso de impugnación de México Libre, por tener una “relación de amistad con actores políticos” afines a esa asociación”.

En concreto menciona la relación de amistad y trabajo que Reyes tuvo con el exsenador Roberto Gil Zuarth, de quien fue coordinador de asesores cuando este fue secretario particular del presidente Felipe Calderón, de mayo a diciembre de 2011, y luego fue secretario Técnico de la Comisión de Justicia el Senado de la República que presidía Gil. “Esa especial circunstancia obliga al magistrado Reyes a no intervenir en la resolución del asunto porque tiene una relación de amistad a partir de los cargos desempeñados, con dos personas afines de manera directa a la fundadora de la asociación mejor conocida como México Libre”, dice el quejoso sobre el vinculo Zavala-Calderón-Gil Zuarth.

La relación de amistad y cercanía entre Roberto Gil Zuarth y Felipe Calderón no es nueva. El exsenador ejerce una discreta operación a favor del expresidente con sus influencias en los magistrados de la Sala Superior. No es la primera vez que lo hace; en 2018 en esta columna documentamos cómo socios de su despacho de abogados operaron con los magistrados Janine Otálora, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez, éste último su antiguo colaborador, para influir y presionar, mediante el pago de sobornos, que éstos magistrados confirmaran el triunfo del candidato panista a alcaldía de Nuevo León, Jésus Cantú. Tras exhibir los mensajes de whatsapp y Telegram donde se operaban los presuntos sobornos con funcionarios y secretarios de cuenta de los magistrados, el tema terminó resolviéndose en contra del candidato panista. 

Así que veremos cómo se resuelven asuntos tan delicados como calientes, por las presiones y operaciones de los políticos, ya sean los oficialistas de Morena o los opositores como Calderón y Gil Zuarth, intentan intimidar, amedrentar y hasta orientar el sentido del voto de los magistrados. Veremos cuántos de ellos se prestan, cuántos se excusan por sus relaciones y cercanías políticas, y cuántos reivindican la autonomía y autoridad del máximo tribunal electoral del país.

Sobre la “fiesta Covid” en la que se habrían contagiado diputados federales del PAN, el legislador Luis Mendoza asegura que él no organizó la reunión ni es dueño del departamento en Xoco donde, según afirman testigos, tuvo lugar la celebración el pasado 2 de septiembre. Según voceros de la bancada panista sí hubo una reunión a a que acudieron entre 7 y 8 diputados de su partido pero fue en un restaurante Sonora Grill a donde cenaron aquella noche para celebrar y brindar por las posiciones de vicepresidencia y secretaría que habían ganado en la nueva Mesa Directiva de San Lázaro. La cena terminó pasadas las 11 de la noche y después de ahí algunos se habrían ido a seguir la celebración a un departamento. El diputado Mendoza asegura que él había quedado de llegar al restaurant pero no fue y prefirió irse a su casa. Dos de las diputadas que estuvieron en la cena de celebración tienen Covid. Así que haya sido en la fiesta o en una cena en un restaurante, al final la celebración fue la causa del contagio… En el caso de Redes Sociales Progresistas, el partido vinculado a Elba Esther Gordillo, su dirigente nacional, Fernando González Sánchez, acudió ayer al INE con un grupo de abogados para presentar sus impugnaciones a la decisión de los consejeros electorales de negarles el registro como partido político. En la organización gordillista hay optimismo de que lograrán revertir la negativa de registro ante el Tribunal Electoral federal, pero mientras ellos impugnan conforme a su derecho, el viernes pasado la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE envió a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales una carpeta con la denuncia realizada por un exintegrante de RSP, Hernán Domínguez Juárez, quien dice haber sido presidente de la Asamblea Estatal de esa organización en Tabasco, y acusa de varias irregularidades a González Sánchez sobre el origen y destino de los recursos y denuncia también que el novio de la exlideresa magisterial, el abogado Luis Lagunas “ostentó vinculación con miembros del crimen organizado en el marco de una Asamblea Estatal de la organización”. El INE dio vista de esa denuncia a la FGR y a la Fepade que ahora decidirán si investigan o no las delicadas denuncias contra RSP… Los dados mandan Escalera doble. La semana promete.

Notas relacionadas

Te puede interesar
Cerrar
Botón volver arriba