Fue un “diálogo de sordos, decepcionante y muy frustrante”, en palabras de al menos tres gobernadores consultados
Salvador García Soto
Gobernadores de oposición que participaron ayer en el encuentro de San Luis Potosí se dijeron ayer “decepcionados y molestos” con la respuesta que les dio el Presidente en el diálogo privado que sostuvieron con él en el Centro de Convenciones de la capital potosina. Después de varios meses de no haber podido tener un encuentro directo con el Presidente, las expectativas de los mandatarios estatales eran que ahí sí habría oportunidad de diálogo y entendimiento real, pero el resultado, dijeron, fue un “diálogo de sordos, decepcionante y muy frustrante”, en palabras de al menos tres gobernadores consultados de distintos partidos. “Fue como una mañanera, los mismos temas y la misma retórica, sin respuestas concretas ni voluntad política del Presidente para atender los reclamos y necesidades apremiantes y urgentes de los estados”, comentó un mandatario panista.
Sin embargo, gobernadores del PRI y de Morena, consultados sobre el mismo encuentro, vieron la reunión con una óptica totalmente distinta. “Fue una gran reunión, con muchos acuerdos y un diálogo abierto y productivo. Hasta nos anunciaron un nuevo Fondo de Estabilización para los Estados con recursos por 13 mil millones de pesos. Si eso no es un buen acuerdo, no sé quien diga que no fue una buena reunión para los estados, seguramente los (gobernadores) que digan eso fueron más a la grilla que a lograr acuerdos”, comentó el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, mientras que un gobernador de Morena que pidió el anonimato dijo que el encuentro “no sólo fue exitoso, sino que demostró que el presidente López Obrador está abierto al dialogo y a los acuerdos con los estados”.
Las expectativas con la que los gobernadores salieron de la reunión previa con los secretarios del gabinete, en donde se había expresado fuerte el gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, denunciando una “persecución política” en su contra, mientras que el titular de Hacienda, Arturo Herrera, se había comprometido a instalar una “mesa conjunta con los estados para comenzar la revisión del Pacto Fiscal”, con miras a un cambio de fondo en el Convenio de Coordinación entre la Federación y los estados, se desvaneció cuando comenzó el diálogo directo y privado con el presidente López Obrador. Tras escuchar los planteamientos de un gobernador por cada partido: Carlos Joaquín por el PAN, Héctor Astudillo por el PRI, Enrique Alfaro por MC, Silvano Aureoles por el PRD, Jaime Rodríguez, independiente; y Claudia Sheinbaum por Morena, tocó el turno del Presidente para responder a los cuatro temas que plantearon los mandatarios de la oposición: mayor presupuesto a los sistemas de salud estatales; apoyos para la reapertura económica en las entidades; revisión del Pacto Fiscal y reimpulso a las energías verdes en la política energética.
Cuando el Presidente empezó a hablar quedó claro que no habría, al menos en boca de López Obrador, compromisos concretos. En la salud, según los gobernadores consultados, les dijo que tienen garantizadas las vacunas contra el Covid y que serán gratuitas (como si hubiera vacunas públicas que se cobraran en México) y que les darían a tiempo las partidas presupuestales del ramo de salud; en la reapertura económica que la estrategia del gobierno federal seguiría siendo el apoyo a los más pobres y que sus apoyos estaban funcionando con la recuperación de empleos en agosto; y del tema de retomar los proyectos de energías verdes y limpias en su política energética, de plano ni lo mencionó López Obrador. Cuando llegó el tema central de revisar el Convenio de Coordinación Fiscal, el Presidente de plano se dijo en contra y aseguró que no había condiciones para ello. “Si quieren más recursos para sus estados —les dijo a los 32 gobernantes— yo les voy a dar la solución: combatir la corrupción y aumentar la austeridad en sus entidades, si hacen eso tendrán recursos suficientes”.
La estrategia que Morena y el gabinete llevaron a cabo para defender al Presidente, quedó clara en el tema del Pacto Fiscal. A pesar de que ya había hablado la Jefa de Gobierno Sheinbaum, quien trataba de matizar el desencuentro con planteamientos generales y ambiguos de que “tenemos coincidencias en algunos temas pero en otros habría que analizarlos”, entró al quite el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, para decir que “la Conago no es el foro para tratar ese tipo de temas e incluso el organismo ni siquiera tiene reconocimiento constitucional”, posición que fue secundada por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, con lo que prácticamente validó la negativa del Presidente y rechazó el planteamiento del resto de los mandatarios de oposición, que a pesar de ser mayoría en el encuentro, no tuvieron forma ni estrategia para contrarrestar la apatía e indolencia presidencial ante sus planteamientos y peticiones.
Cuando terminó la reunión, pasadas las 3:30 de la tarde, el desánimo de la mayoría de los gobernadores asistentes con el resultado del encuentro se reflejó primero en la fotografía oficial de la reunión, en la que ya no aparecieron 5 mandatarios estatales. Para la comida entre el Presidente, los 32 ejecutivos estatales y el gabinete, que estaba prevista como el cierre del evento, las ausencias aumentaron y menos de la mitad de los estados, entre 12 y 15 se sentaron a la mesa con López Obrador. El resto pretextó “el clima”, “problemas de agenda” o “compromisos en sus estados”, para no acudir al compromiso gastronómico. De la autonombrada “Alianza Federalista” por ejemplo, solo tres gobernadores fueron a la comida: Martín Orozco, de Aguascalientes; José Rosas Aispuro, de Durango; e Ignacio Peralta, de Colima. El resto o se fue a comer a otra parte o retornó a sus estados.
Al final, en el balance oficial y oficialista del encuentro, que estuvo a cargo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el presidente de la Conago y anfitrión, Juan Manuel Carreras, sí hubo acuerdos y, con más retórica que entendimientos concretos, la funcionaria federal y el gobernador potosino hablaron de “iniciar la revisión del Pacto Fiscal a través de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales”, un órgano burocrático que en más de 50 años no ha servido para modificar las fórmulas de distribución de los recursos, además de que los gobernadores priistas y morenistas compartían la visión “exitosa” del encuentro. Entre las dos visiones opuestas, la que celebraba el éxito de la reunión y la que veía una decepción absoluta, quedaba la sensación de que prevalecía el viejo gatopardismo echeverrista de “cambiar para que nada cambie” y que la estrategia del gobierno de López Obrador fue mandar el mensaje de “diálogo y apertura” con los estados, aunque al final ninguno de sus planteamientos fue adecuadamente escuchado ni atendido.
Ya para en la noche, cuando terminaba la comida y se despedían todos de San Luis, comenzaba a cobrar fuerza la intención de un grupo de gobernadores de anunciar en las próximas horas su rompimiento definitivo con la Conago, organización a la que abandonarán y desconocerán como órgano de interlocución de los estados con la Federación “porque ya no tiene ni sentido ni razón porque no funciona ni representa a los estados y los intereses de sus habitantes”, dijeron gobernadores que se sumarán a la salida de la llamada Conferencia Nacional de Gobernadores, creada en el año 2000 durante el gobierno de Vicente Fox. Réquiem para la Conago y fragmentación de la República en “bloques de gobernadores”, podría ser el único resultado tangible del tan esperado encuentro de San Luis.
NOTAS INDISCRETAS…
El documento oficial de la declaración que Emilio Lozoya le mandó al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el pasado 11 de agosto, para acogerse al “criterio de oportunidad” no sólo revela los montos y nombres de los diputados y senadores a los que el exdirector de Pemex dice haber sobornado para que aprobaran las reformas de Peña Nieto con 80 mdp, sino que en la denuncia, que fue filtrada y difundida profusamente ayer en redes de whatsapp y que tiene sello de “Recibido” de la FGR, se precisan datos también de la corrupción que acusa Lozoya en el gobierno de Felipe Calderón por la construcción y el contrato otorgado a la planta Etileno XXI en Coatzacoalcos, en el 2010. Lozoya afirma que antes del gobierno de Peña Nieto, Odebrecht hizo negocios multimillonarios con la administración de Calderón y asegura que en los permisos para la planta, pero sobre todo en el ventajoso contrato que firmó Pemex para abastecer de gas etano a la planta de Odebrecht-Brasken, hubo pago de sobornos “a varios panistas que recibieron pagos millonarios” y asegura que el propio Calderón obligó a Pemex a otorgarle un descuento de 25% en el precio del etano a Brasken. Comenta que era tan cercana la relación entre Calderón y la filial de Odebrecht en México que no sólo hicieron “el mejor negocio de toda Latinoamérica” para la empresa brasileña, sino que “una parte de un Consejo de Administración de Brasken se llevó a cabo en Los Pinos con la presencia del presidente Felipe Calderón Hinojosa”. Lozoya también acusa a José Antonio Meade y a José Antonio González Anaya de haber aprobado sin permitir que se discutiera el contrato otorgado a Brasken para la operación de Etileno XXI y el abastecimiento del gas etano por parte de Pemex. Refiere que hubo un escrito de Rogelio Gasca Neri que cuestionaba duramente los términos de ese contrato y subrayaba las desventajas para Pemex, además de las posiciones de otros consejeros de Pemex en contra de que se aprobara el referido contrato, pero que Meade y Anaya se negaron a que se escucharan esos posicionamientos y ordenaron aprobar el contrato en sus términos originales “porque ya había sido suficientemente discutido”. Así que Lozoya no sólo está lanzando materia fecal para el sexenio de Peña y para los diputados y senadores de esa legislatura, sino también está aventando para el sexenio calderonista… Políticos de Tamaulipas, que al parecer están tan activos como preocupados, mandaron comentarios a esta columna sobre lo publicado ayer. El empresario Bernardo Pasquel nos dijo en su mensaje: “Estimado Salvador. Sobre El Rancho en el municipio de Aldama, Tamaulipas; lo tiene mi familia desde los años 40’s. El dueño original es mi abuelo el coronel Jose Méndez Lacarra. En 1982 me son heredadas alrededor de 300 hectáreas por mi madre. Sobre Hacienda Las Palmas fue propiedad de Edward Freeman, quien alrededor del 2008 tuvo que abandonar durante 8 años el estado, que en esos años vivió momentos de una gran inseguridad. Edward me vende Las Palmas en 2015 y mediante distintos pagos concluyo la compra en junio del 2017”. Hasta ahí su comentario. Otro que mandó carta fue Jesús Nader, alcalde de Tampico. Él asegura, con razón, que no recibió del gobierno estatal un contrato de medicamentos por 413 millones de pesos y que no participó en la campaña para 2018 porque la elección fue en 2016. En cuanto al contrato tiene razón porque en realidad ese documento era, según las fuentes, para la empresa Intercontinental de Medicamentos. Dice el alcalde Nader que en “en mi faceta de empresario nunca participé en el sector farmacéutico y apela a la precisión en la información y a su derecho de réplica. En todo eso tiene razón, sólo una pregunta señor Jesús Nader: Dice usted que no recibió ningún contrato millonario de medicamentos, pero ¿firmó u otorgó usted alguno de esos contratos millonarios de medicamentos, otorgados a las mencionadas empresas y personajes, cuando fue secretario de Administración del gobierno de Tamaulipas de 2016 a 2018?…Por cierto que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, después de su fuerte y duro discurso de la mañana en San Luis Potosí, donde denunció “persecución política” en su contra, acusó a la FGR de inventarle acusaciones y al gobierno de López Obrador de “de que con una mano pide trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido”, se presentó anoche, acompañado de sus abogados, en la sede de la Fiscalía General de la República en donde dejó un escrito dirigido al fiscal Alejandro Gertz Manero en el que solicita ser informado, con base en su derecho, de si existe alguna averiguación previa o indagatoria judicial en su contra, y nombra como sus abogados para recibir respuesta a su escrito y cualquier tipo de notificaciones al exsenador del PAN, Roberto Gil Zuarth, a Carlos Alberto Lezama Fernández y a Gonzalo José Bolio Benítez, “para que tengan acceso a las constancias que integran la averiguación en cuestión”. La carta de Cabeza de Vaca fue sellada de “Recibida” en la Oficina del c. Fiscal General de la República con fecha de ayer miércoles…Se baten los dados. Tocó Escalera. Subida.
