«MARIA ESTHER R»: UN «SECUESTRO AUTORIZADO por el SISTEMA que INCIO en TAMAULIPAS»…habia dinero,habia intereses y hubo lio.

El exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, a quien se le imputan los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, no pisará la cárcel. Su caso contrasta con el de la empresaria María Esther “R”, quien lleva 10 meses de prisión preventiva oficiosa aun cuando aportó las pruebas de que el delito que se le imputa fue fabricado.
La trama en la que ella presuntamente está implicada se relaciona con una empresa fantasma a la que un funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto entregó una obra por más de 608 millones 750 mil pesos por adjudicación directa.
El 18 de octubre de 2019 un grupo de hombres sin identificar detuvo a María Esther, de 44 años, afuera de su domicilio en Tampico, Tamaulipas, y la trasladó en una camioneta a Villahermosa, Tabasco; el viaje duró más de 11 horas. Al llegar a su destino la detenida fue llevada a la fiscalía local y de ahí al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco.
Al día siguiente de su detención María Esther tuvo su primera audiencia en la que declaró: “Ninguno señaló que era una orden de aprehensión ni se identificó. Sólo me dijeron que ya ‘me agarró la fregada’. Me puse muy mal, pensando que era un secuestro. Me llevan al campanario y ahí me dicen que tengo ciertos derechos y que me van a llevar a Villahermosa por una supuesta extorsión”.
El fiscal del Ministerio Público Julio César Torres Torres la acusó de extorsión agravada con base en la carpeta de investigación CPJ-VHSA-5674/2019, según la cual el 26 de julio de 2019 ella presuntamente extorsionó al empresario Luis Fernando en Villahermosa, quien ese día se dirigía a una obra que ejecutaba para Pemex. 
Según la acusación, María Esther portaba un arma tipo revolver e iba acompañada de 10 personas, y bajo amenazas y violencia verbal presuntamente le exigió a Luis Fernando 50 mil pesos para dejarlo trabajar. Lo obligó a bajar de su auto y lo registró. De su pantalón presuntamente sacó 3 mil 200 pesos en efectivo. Días después volvió a amenazarlo.
En la audiencia inicial la defensa de María Esther expuso las irregularidades del caso. Señaló que el día de la presunta extorsión –el 26 de julio–, la empresaria se encontraba en Tampico, donde reside, incluso entregó capturas de pantalla de fotos en redes sociales. Aclaró también que el informe policiaco alude a María Esther “G”, cuando el apellido de su cliente es “R”. 
Además, arguyó la defensa, el empresario Luis Fernando presentó una credencial de elector cuya vigencia expiró en 2009, así como un contrato falso con Pemex para acreditar que realizaba obras desde el 15 de julio, cuando presuntamente fue amenazado, y para acusar que le rescindieron el contrato por 1 millón 100 mil pesos, ya que no pudo continuar los trabajos por temor a represalias.
Una trama sucia 
La reportera buscó el supuesto documento sin número de contrato y sin sellos, pero éste no aparece en la página de contrataciones de Pemex. El Registro Federal de Causantes (RFC) con el que la petrolera presuntamente firmó el contrato tampoco existe.
El RFC del contratista Luis Fernando –cuyos apellidos son reservados por tratarse de una presunta víctima– no aparece en el padrón de proveedores de la empresa productiva del Estado, en tanto el supuesto representante legal de Pemex Exploración y Producción (PEP), Jesús Enrique Suárez Hernández, quien firma el contrato que la fiscalía presentó como prueba, tampoco figura en el directorio de empleados de Pemex. 
Pero María Esther fue vinculada a proceso y puesta en prisión preventiva oficiosa, de acuerdo al artículo 19 constitucional y al 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
Para Lenin Martínez, esposo de la empresaria detenida, “el caso de Esther es un secuestro autorizado por el sistema”. 
Comenta que cuando su cónyuge fue detenida, él y su familia desconocían quiénes estaban detrás de la trama. Ahora, dice tener las pruebas suficientes para demostrar que se trata de Conjunto de Servicios Industriales (CSI), una compañía que escaló en la administración de Lozoya Austin, a la que María Esther realizó trabajos en el pasado. 
María Esther tiene tres hijos: uno de 22, uno de 12 y una niña de 11. Es administradora única de la empresa Bombas y Sistemas Dinámicos, que se dedica a la fabricación de equipo de bombeo para Pemex.
En 2011 Grupo Tradeco, compañía favorita del calderonismo, la subcontrató para diseñar, dar mantenimiento e instalar cuatro bombas de inyección para separar el agua congénita para pozos en la planta de Pemex llamada Batería de Cárdenas Norte, en Tabasco. 
Luego de una decena de convenios modificatorios y plazos sin cumplir, en 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, PEP le rescindió el contrato a Tradeco.
Tras finiquitar el contrato, la petrolera, ya bajo el mando de Lozoya Austin, decidió adjudicar directamente el proyecto a la empresa CSI de Érick Walter Legorreta López, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo y cercano a Lozoya y a Froylán Gracia Galicia, quien fue coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex durante la gestión del hoy vinculado a proceso.
Al parecer Grupo Tradeco no le pagó las bombas a María Esther y CSI, al absorber el contrato, se comprometió a liquidar los adeudos, pero tampoco lo hizo. María Esther recogió las dos bombas para darles mantenimiento y las retuvo hasta que liquidaran los adeudos, que ascendían a 33 millones de pesos. No obstante, en 2017 CSI denunció penalmente a María Esther por retención indebida de las dos bombas de agua, argumentando que son propiedad de Pemex.